UN INFORME ESPECIAL DE REUTERS.— El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha consolidado una operación transnacional de contrabando de combustibles que involucra empresas estadounidenses, redes logísticas marítimas y vacíos legales en el sector energético. A través del uso de buques tanque, como el Torm Agnes, el cártel ha logrado introducir diésel a México bajo declaraciones aduaneras falsas, evadiendo impuestos y generando un mercado paralelo que representa hasta un tercio del consumo nacional de gasolina y diésel.
El 8 de marzo de 2025, el buque Torm Agnes arribó al puerto de Ensenada con cerca de 120,000 barriles de diésel. La descarga se realizó directamente a camiones cisterna, en una operación nocturna que, según testigos, fue rápida y coordinada. El puerto carece de infraestructura para manejar hidrocarburos inflamables, lo que hizo que la maniobra llamara la atención de autoridades mexicanas. La carga fue declarada como lubricantes, producto exento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que permitió evadir cerca de 7 millones de dólares en impuestos, según cálculos de la agencia.
La empresa estadounidense Ikon Midstream, con sede en Houston, compró el diésel en Canadá y fletó el buque para entregarlo a Intanza, una compañía mexicana sin presencia pública que, de acuerdo con tres fuentes de seguridad, opera como fachada del CJNG. Rhett Kenagy, director ejecutivo de Ikon Midstream, no respondió a las solicitudes de comentarios. Su abogado, Joseph O. Slovacek, pidió por escrito que no se volviera a contactar a sus clientes. La empresa naviera danesa Torm, que administra el Torm Agnes, informó que rompió relaciones con Ikon Midstream tras el incidente.
El esquema de contrabando se basa en la evasión fiscal mediante la manipulación de documentos de embarque y el uso de empresas fachada. Según registros portuarios, Ikon Midstream realizó al menos cinco envíos marítimos de diésel y nafta a México en 2025, todos declarados como aditivos para lubricantes. La empresa Mefra Fletes, con sede en Guadalajara, participó en la logística terrestre. Su exrepresentante legal, Anuar González, fue detenido en agosto, y se emitió orden de arresto contra el propietario, Roberto Blanco.
El impacto económico es significativo. Una fuente que colaboró con el fisco mexicano estimó pérdidas por casi 4,000 millones de dólares en 2024. El Partido Acción Nacional elevó la cifra a 10,000 millones y la calificó como la mayor trama de corrupción en la historia del país. La Secretaría de Marina, encargada de la vigilancia portuaria, inició una investigación interna. El secretario Raymundo Morales declaró el 7 de septiembre que no se tolerará la corrupción.
El CJNG ha expandido su red desde Jalisco hasta Tamaulipas, utilizando camiones, trenes y buques para mover productos petroleros. Desde 2020, autoridades mexicanas han detectado el uso de tanqueros por parte del cártel. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a más de 30 empresas vinculadas al CJNG. En mayo, James y Maxwell Jensen, padre e hijo originarios de Utah, fueron acusados de lavado de dinero y de proporcionar apoyo material a organización terrorista.
El senador estatal de Texas, Juan Hinojosa, propuso una ley para regular depósitos de combustibles y sancionar a operadores sin licencia. La iniciativa está detenida en el Senado texano. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el combate al contrabando de combustibles es una prioridad de seguridad. El 8 de julio afirmó que no se protegerá a nadie, en respuesta a señalamientos sobre vínculos entre políticos y empresarios como Sergio Carmona, presunto traficante asesinado en 2021.
Desde octubre de 2024, las autoridades mexicanas han decomisado más de 500,000 barriles de combustible ilegal. El fiscal federal de Tamaulipas, Ernesto Vázquez, fue asesinado el 4 de agosto tras un ataque con granada y disparos, en un hecho vinculado a la incautación de 1.8 millones de litros de combustible.
Este informe especial de Reuters, basado en más de 50 entrevistas y documentos portuarios, aduaneros y satelitales, revela cómo el CJNG ha transformado el contrabando de combustibles en una operación binacional que involucra actores públicos y privados, y que plantea desafíos fiscales, políticos y de seguridad en ambos lados de la frontera.