El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este 29 de abril una serie de acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios estatales por delitos de tráfico de drogas, posesión de ametralladoras y conspiración para operar dispositivos destructivos. El anuncio confirma la ruta penal anticipada días antes por el diario Los Angeles Times, que adelantó que Washington preparaba acciones contra políticos mexicanos vinculados con estructuras criminales.
Rocha Moya, de 76 años, enfrenta cargos de conspiración para importar estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseerlos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, las penas asociadas a estos delitos van desde un mínimo obligatorio de 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno, fue incluido en la misma acusación. Estados Unidos le imputa los mismos delitos y lo coloca bajo el mismo rango de penas, lo que lo convierte en uno de los funcionarios de mayor nivel señalados en esta operación.
La lista se extiende a exsecretarios, mandos policiales y operadores de seguridad pública. Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto; y Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación, enfrentan cargos idénticos: conspiración de importación de estupefacientes y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, con penas que también alcanzan la cadena perpetua.
A ellos se suma Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación, señalado por los mismos delitos y sujeto a las mismas penas. El exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, aparece igualmente acusado de conspiración para importar drogas y poseer armamento de uso exclusivo.
El exsubdirector de la Policía Estatal, José Antonio Dionisio Hipólito, conocido como Tornado, figura en la lista con cargos de conspiración de importación de estupefacientes y posesión de ametralladoras, con una posible condena de 40 años o cadena perpetua.
El actual alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también fue incluido. Estados Unidos lo acusa de conspiración para importar drogas y poseer armamento de alto poder, lo que lo coloca en la misma categoría penal que el resto de los señalados.
El caso más severo es el de Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Además de los cargos por estupefacientes y armas, enfrenta acusaciones por secuestro que resultó en muerte y conspiración para cometer secuestros con resultado de muerte. Por estos delitos, la sentencia obligatoria es cadena perpetua.
El anuncio del Departamento de Justicia configura uno de los golpes más amplios contra estructuras políticas y de seguridad en Sinaloa, al colocar bajo acusación simultánea a un gobernador en funciones, un senador, un alcalde y mandos policiales de distintos niveles. La operación abre un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad y coloca presión sobre las instituciones mexicanas para responder a los señalamientos que Washington ya formalizó.