El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos colocó este jueves el caso Sinaloa en una nueva fase de presión institucional al afirmar que “se acabó la impunidad” para quienes faciliten el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. El pronunciamiento, difundido en sus redes oficiales, señaló que la acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya “es sólo el principio” y advirtió que cualquier persona vinculada con estas operaciones “será responsabilizada”.
El mensaje incluyó una referencia directa al mandatario venezolano Nicolás Maduro y al propio Rocha Moya, al sostener que toda figura pública o funcionario que resulte cómplice del narcotráfico enfrentará consecuencias bajo la jurisdicción estadounidense.
La declaración se emitió un día después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación contra Rocha Moya; el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y otros funcionarios estatales. De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, los señalados habrían mantenido vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Frente a la escalada diplomática, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este jueves las imputaciones y sostuvo que no existen pruebas que acrediten la relación de los diez funcionarios y exfuncionarios con la organización criminal. Afirmó que, sin evidencia clara, las acusaciones del Departamento de Justicia responden a un objetivo político.
Sheinbaum reiteró que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación y que cualquier solicitud de extradición deberá estar acompañada de “pruebas contundentes e irrefutables” para proceder conforme a la ley. Subrayó que su gobierno no encubrirá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero insistió en que las imputaciones deben sustentarse en elementos verificables.
El caso coloca nuevamente la relación bilateral en un punto de tensión, mientras Estados Unidos endurece su discurso y México exige claridad jurídica antes de cualquier determinación.