La discusión sobre la situación política y de seguridad en Sinaloa volvió a colocarse en la agenda legislativa tras las declaraciones del diputado federal Mario Zamora Gastélum, quien señaló que “lo que antes eran testimonios, hoy se convierte en acusaciones formales”, en referencia a la petición presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador y otros funcionarios estatales por presunto tráfico de drogas.
En entrevista, el legislador recordó que durante el proceso electoral de 2021 se documentaron amenazas, intimidación, privación ilegal de la libertad de funcionarios de casilla y presión directa a candidatos, hechos que derivaron en la ausencia de contendientes de oposición en algunos municipios. “Pudimos documentar una intervención clara del crimen organizado en apoyo a un proyecto político. Hoy, cinco años después, las consecuencias están a la vista”, afirmó.
Zamora Gastélum sostuvo que los habitantes del estado tienen derecho a conocer la verdad y llamó a las autoridades mexicanas a investigar con rigor. “Nadie puede estar por encima de la ley. Si hay responsabilidades, deben deslindarse y sancionarse”, señaló, al insistir en que las acusaciones deben ser atendidas con seriedad institucional.
El legislador describió el panorama actual de Sinaloa como una crisis generalizada, marcada por el incremento en desapariciones, robo de vehículos, cierre de negocios y abandono de sectores productivos como el campo, la pesca y la ganadería. Indicó que no existen indicadores positivos en empleo, turismo o crecimiento económico y citó datos del Inegi según los cuales nueve de cada diez habitantes de Culiacán se sienten inseguros. “Vivir con miedo no es aceptable. Sinaloa necesita confianza, no propaganda; necesita hechos, no discursos”, puntualizó.
Recordó que, ante la falta de condiciones equitativas en la contienda de 2021, se promovieron impugnaciones electorales incluso ante la Organización de los Estados Americanos. En ese contexto, consideró indispensable que el Gobierno de México y la Presidenta investiguen posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales, especialmente tras los retiros de visas a funcionarios por parte de Estados Unidos. “Debe ser motivo suficiente para preguntarnos qué está pasando. México cuenta con instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera, las fiscalías y órganos de seguridad que deben actuar”, enfatizó.
Zamora Gastélum concluyó que el momento representa una oportunidad para corregir el rumbo institucional del país. Aseguró que, más allá de diferencias partidistas, debe prevalecer un principio fundamental: ningún gobernante puede estar subordinado al crimen organizado.