La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió su posición frente a las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, un senador y el alcalde de Culiacán. La mandataria sostuvo que el proceso presenta irregularidades y que la divulgación pública de cargos por parte del Departamento de Justicia constituye una ruptura con los mecanismos de confidencialidad establecidos en los tratados internacionales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el 28 de abril recibió diez solicitudes de detención provisional y que, conforme al marco normativo, turnó la documentación a la Fiscalía General de la República el 29 de abril para su análisis. Sin embargo, ese mismo día al mediodía, el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos y difundió un documento denominado “Acusación de Reemplazo Bajo Reserva”, lo que generó un extrañamiento formal de la Cancillería por tratarse de información que, según los tratados, debe permanecer reservada.
La Fiscalía General de la República respondió con un comunicado en el que precisó que su obligación es analizar la documentación recibida para determinar si existen elementos probatorios suficientes conforme a la legislación mexicana. De manera paralela, anunció el inicio de una investigación propia para verificar si las acusaciones estadounidenses cuentan con fundamento legal que permita solicitar órdenes de aprehensión. La institución recordó que la ley mexicana exige datos de prueba que infieran la posible comisión de un delito antes de solicitar cualquier orden judicial.
En su posicionamiento, Sheinbaum afirmó que su mandato está regido por el respeto a la Constitución, la defensa de la soberanía y el compromiso con la justicia. Señaló que, si la Fiscalía encuentra pruebas contundentes e irrefutables, deberá proceder conforme a derecho bajo jurisdicción mexicana. Pero advirtió que, si no existen pruebas claras, “el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”. La mandataria subrayó que México mantiene relaciones de igualdad con todas las naciones y que “bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México”.
Sheinbaum cerró su mensaje con una línea que definió como postura oficial: verdad, justicia y defensa de la soberanía, al reiterar que su gobierno no encubrirá a nadie, pero tampoco aceptará presiones externas en procesos que corresponden únicamente a las instituciones mexicanas.