La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura ante las solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa, al señalar que el procedimiento deberá seguir estrictamente la normatividad mexicana y que la documentación recibida no contiene, hasta ahora, elementos probatorios suficientes para sustentar órdenes de aprehensión.
El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la institución, Ulises Lara López, informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores notificó formalmente a la FGR sobre las solicitudes estadounidenses. Explicó que, conforme a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los tratados internacionales, la Fiscalía debe analizar con precisión si existen pruebas que acrediten la viabilidad de la extradición.
Lara señaló que, de manera paralela, la FGR iniciará una investigación para reunir información que permita determinar si las acusaciones cuentan con sustento legal suficiente para solicitar órdenes de aprehensión. Recordó que la legislación mexicana exige datos de prueba que infieran la posible comisión de un delito antes de acudir ante un juez.
El vocero subrayó que la solicitud estadounidense no incluye evidencias contundentes sobre los hechos narrados. Además, destacó que el propio gobierno de Estados Unidos pidió que la información contenida en las solicitudes se mantuviera en carácter confidencial, lo cual —dijo— no ocurrió. Según la comunicación recibida, la divulgación pública de estos datos podría afectar la naturaleza de los procedimientos penales en ese país y contravenir sus normas procesales.
Lara recordó que la Convención de Viena obliga a los Estados a resguardar la documentación diplomática y que México debe cumplir con ese principio. Añadió que, tratándose de gobernadores y senadores, la ley mexicana requiere iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
El mensaje concluyó con una afirmación sobre el marco legal que guiará el proceso: la FGR actuará con estricto apego a la ley y con respeto a la soberanía nacional. “Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie”, sostuvo Lara, al reiterar que cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las personas requeridas y cumplir con los procedimientos establecidos.