La Cámara de Diputados abrió un nuevo frente de discusión en materia de derechos humanos con la presentación de la iniciativa del diputado federal de Movimiento Ciudadano, Eduardo Gaona, para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y establecer la obligación de realizar una evaluación médica inmediata a toda persona detenida. La propuesta fue expuesta en tribuna como un mecanismo para reforzar la integridad física y psicológica desde el primer momento de la detención.
Gaona explicó que la reforma plantea incorporar al Artículo 131 la obligación expresa de que, dentro de las primeras tres horas posteriores a la detención, la persona sea sometida a una evaluación médica integral realizada por personal independiente. El dictamen, señaló, deberá documentar de manera exhaustiva el estado físico y psicológico, con el fin de generar evidencia objetiva que acompañe el proceso penal desde su inicio.
Durante su intervención, el legislador sostuvo que esta medida busca fortalecer los mecanismos de protección a los derechos humanos y avanzar hacia un sistema penal más transparente y garantista. Subrayó que “esta medida contribuye a consolidar un sistema penal más transparente, garantista y alineado con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos”, al tiempo que destacó la importancia de que los dictámenes médicos sean elaborados bajo estándares técnicos definidos.
Gaona añadió que la independencia del personal médico es un elemento central para asegurar imparcialidad y credibilidad en las evaluaciones. Afirmó que “al exigir que la evaluación sea realizada por personal médico independiente y bajo estándares técnicos definidos, se garantiza mayor imparcialidad y credibilidad en los dictámenes, lo que redunda en una mejor administración de justicia”.
El diputado también enfatizó el carácter preventivo de la reforma. Señaló que la evaluación inmediata no solo inhibe posibles actos de tortura o malos tratos, sino que fortalece la cadena probatoria al generar registros verificables desde el primer contacto con la autoridad. “La presente reforma busca establecer como obligación expresa la evaluación médica inmediata, independiente y documentada de toda persona detenida”, puntualizó.
La iniciativa quedó registrada para su análisis en comisiones, donde se prevé que continúe la discusión sobre los alcances de la propuesta y su impacto en los procedimientos penales, en un contexto legislativo que mantiene en agenda la revisión de prácticas policiales y la protección de derechos fundamentales.