En un mensaje dirigido al pueblo de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que presentó ante el Congreso del Estado una solicitud de licencia temporal para separarse de su cargo, en el contexto de las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos que lo señalan como presunto responsable de delitos relacionados con narcotráfico. El mandatario afirmó que toma esta decisión “desde mi profunda convicción republicana”, con el objetivo de facilitar las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la República.
Desde su despacho en Palacio de Gobierno, Rocha Moya sostuvo que enfrenta el proceso con “la conciencia tranquila” y aseguró que “son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”. En su mensaje, subrayó que puede “ver de frente” a su familia y al pueblo de Sinaloa porque, dijo, no los ha traicionado y “nunca los traicionaré”, al señalar que responderá ante las instituciones de justicia cuando sea requerido.
El gobernador también advirtió que no permitirá que su figura sea utilizada para afectar al movimiento político al que pertenece. En su declaración, afirmó: “No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco”, al destacar que dicho proyecto político ha modificado la vida pública del país. Añadió que “México seguirá cambiando para bien porque tenemos mucho pueblo”, en referencia a la base social que respalda a su fuerza política.
Rocha Moya explicó que la licencia temporal busca garantizar que las autoridades mexicanas puedan actuar sin interferencias durante el proceso de investigación. Señaló que su decisión responde a la necesidad de mantener claridad institucional en un momento en el que las acusaciones provenientes de Estados Unidos han colocado al estado en el centro del debate público.
El Congreso del Estado deberá resolver la solicitud presentada, mientras la Fiscalía General de la República continúa con las indagatorias anunciadas. El mensaje del gobernador marca un punto de inflexión en la situación política de Sinaloa, en un contexto en el que las acusaciones internacionales han generado presión sobre las instituciones locales y federales.