El gobierno de Estados Unidos está presionando de forma directa a México para que investigue, procese y extradite a políticos que presuntamente mantienen vínculos con cárteles del narcotráfico, reveló este miércoles la agencia Reuters en un reporte firmado por el periodista Diego Oré.
De acuerdo con la información obtenida por la agencia internacional, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha planteado en al menos tres ocasiones esta exigencia a funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las reuniones, de carácter bilateral, se han realizado tanto en territorio estadounidense como en encuentros virtuales, en un contexto de creciente tensión diplomática.
Según Reuters, las solicitudes incluyen el procesamiento de actuales funcionarios electos que podrían tener nexos con grupos del crimen organizado, así como su extradición a Estados Unidos en caso de existir cargos criminales en su contra. Cuatro fuentes familiarizadas con el tema confirmaron a la agencia que se trata de una de las ofensivas más duras emprendidas por Washington contra lo que califica como “narcocorrupción”.
El reporte advierte que, de no actuar en consecuencia, el gobierno de México podría enfrentar nuevas sanciones económicas, incluyendo un posible incremento de aranceles. Además, Estados Unidos ha propuesto la creación de un “zar del fentanilo” para coordinar esfuerzos conjuntos con México y contener la crisis de opioides que afecta gravemente a la Unión Americana.
La presión estadounidense se produce mientras crece el debate internacional sobre la responsabilidad compartida en el combate al narcotráfico y el flujo de precursores químicos, especialmente tras las recientes redadas masivas contra migrantes en California, también impulsadas por la administración Trump.
La investigación firmada por Diego Oré y difundida por Reuters subraya la complejidad del momento que vive la relación bilateral, con implicaciones políticas, judiciales y comerciales. Hasta el cierre de esta edición, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni la Presidencia de la República habían emitido una respuesta oficial a las revelaciones publicadas.