La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres controversias constitucionales que fortalecen la distribución de competencias entre entidades federativas, la autonomía institucional y la observancia del orden constitucional. En sesión del 5 de enero de 2026, el Pleno confirmó la validez de un oficio relacionado con una obra carretera en el Estado de México, ordenó al Congreso de Nuevo León corregir su legislación en materia de responsabilidades administrativas y validó la protección constitucional de las remuneraciones del Tribunal Electoral de Colima.
En el primer asunto, la Corte determinó que el oficio emitido por la Junta de Caminos del Estado de México sobre el tramo de la carretera estatal 797 Cuautitlán‑Zumpango —del kilómetro 12+200 al 15+800— no modifica límites territoriales ni invade facultades del Congreso local. El documento, señaló el Pleno, tiene carácter informativo y no genera efectos jurídicos en materia de delimitación municipal. Las pruebas presentadas por el municipio de Jaltenco no acreditaron que la obra se ubique dentro de su territorio, por lo que no se demostró afectación a sus competencias. Con ello, la SCJN reconoció la validez del oficio y concluyó que no se vulneraron límites municipales. La resolución corresponde a la Controversia Constitucional 281/2024.
En un segundo caso, la Corte declaró que el Congreso de Nuevo León incurrió en omisiones legislativas parciales al no armonizar plenamente su marco jurídico con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pese a que el plazo constitucional para hacerlo venció en 2017. Aunque el Congreso local expidió su propia ley, el Pleno determinó que persisten disposiciones incompatibles con el modelo federal. Entre ellas, el artículo 221, que asigna a tribunales colegiados de circuito la resolución de recursos de revisión, pese a que la Ley General limita esa competencia a resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Además, se advirtió que la Sala Especializada en responsabilidades administrativas puede resolver apelaciones contra sus propias decisiones, contraviniendo el principio de revisión por una instancia distinta y superior. La Corte ordenó al Congreso local realizar las reformas necesarias en el siguiente periodo ordinario de sesiones. Las resoluciones corresponden a las Controversias Constitucionales 114 y 115 de 2024.
En un tercer asunto, el Tribunal Pleno validó el artículo 273 del Código Electoral de Colima, que garantiza que magistraturas y personal del Tribunal Electoral local reciban remuneraciones adecuadas conforme al presupuesto autorizado, sin disminuciones durante el ejercicio del cargo. La Corte concluyó que la disposición es compatible con los artículos 116 y 127 de la Constitución Federal, al proteger la autonomía jurisdiccional y la división de poderes en el ámbito local. La resolución deriva de la Controversia Constitucional 312/2023.
Con estas decisiones, la Suprema Corte inició el año reafirmando criterios sobre límites territoriales, armonización legislativa y autonomía judicial, en un periodo que anticipa una agenda de control constitucional relevante para los estados y municipios del país.