La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió cuatro asuntos que establecen criterios obligatorios en temas financieros, ambientales, profesionales y de seguridad social, con efectos directos para entidades reguladas, profesionistas y trabajadores del Estado. Las decisiones, tomadas en sesión de Pleno el 15 de enero de 2026, precisan alcances normativos y confirman la validez de disposiciones federales en distintos ámbitos.
En materia financiera, la Corte confirmó la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de diversos numerales de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF. El fallo deriva de un amparo promovido por una entidad sancionada por no presentar los informes mensuales sobre quejas relacionadas con despachos de cobranza inscritos en el Registro de Despachos de Cobranza. El Tribunal concluyó que las obligaciones están claramente definidas y que los plazos para imponer sanciones —hasta 180 días naturales después de la garantía de audiencia— respetan el principio de seguridad jurídica.
En el ámbito ambiental, la SCJN validó el esquema de cobro por descargas de aguas residuales previsto en la Ley Federal de Derechos. Determinó que es constitucional calcular el pago con base en el promedio de los últimos cuatro trimestres cuando no exista medición directa por falla o ausencia de medidor. El criterio se emitió tras analizar el caso de una empresa acerera que impugnó el modelo. La Corte sostuvo que la fórmula brinda certeza jurídica, incentiva el uso de medidores y se alinea con el principio de que quien contamina debe asumir los costos asociados.
Respecto a la cédula profesional electrónica, el Pleno resolvió una contradicción de criterios y determinó que el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional puede establecer que este documento sea emitido en formato digital. La Corte precisó que la cédula no es una identificación oficial general, sino un comprobante de habilitación profesional, por lo que no requiere fotografía o firma para cumplir su función. Con ello, se confirma la validez del esquema electrónico implementado por la Dirección General de Profesiones.
Finalmente, el Tribunal fijó jurisprudencia sobre los requisitos mínimos del documento de elección de régimen pensionario para trabajadores afiliados al ISSSTE. Estableció que la firma autógrafa reconocida es suficiente para acreditar la voluntad del trabajador, sin que sea necesaria la huella digital, salvo en casos en que la persona no pueda firmar. El criterio descarta que la ausencia de huella invalide el documento y reafirma que la elección del régimen es definitiva e irrenunciable.
Con estas resoluciones, la Suprema Corte aporta claridad normativa en sectores donde convergen obligaciones regulatorias, derechos laborales y procedimientos administrativos, y establece parámetros que deberán observar autoridades y tribunales en la aplicación de la ley.