En sesión de Pleno celebrada el 30 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió tres asuntos relevantes que consolidan criterios en materia de ahorro para el retiro, telecomunicaciones y competencia económica. Las decisiones establecen parámetros de constitucionalidad que impactan directamente en la protección de derechos adquiridos, la regulación de mercados y la seguridad jurídica de los usuarios.
En el Amparo en Revisión 177/2025, la Corte declaró constitucional el límite máximo a las comisiones que pueden cobrar las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), previsto en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. El Pleno consideró que esta medida responde al interés público de proteger el ahorro de las personas trabajadoras, sin vulnerar la libertad de competencia ni la confianza legítima. Con ello, se reconoce la facultad del Estado para regular actividades financieras vinculadas a la seguridad social.
En materia de telecomunicaciones, mediante el Amparo en Revisión 118/2025, el Máximo Tribunal validó el artículo Séptimo Transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La resolución establece que los permisos otorgados antes de la entrada en vigor de dicha ley conservarán sus condiciones originales hasta su conclusión, y que la obligación de migrar al régimen de concesión única aplica exclusivamente a concesionarios de radiodifusión. La Corte concluyó que esta disposición no vulnera los principios de igualdad ni de legalidad, y garantiza certeza jurídica a los operadores del espectro radioeléctrico.
En un tercer asunto, relacionado con el mercado de gas, la Corte ratificó la constitucionalidad de las facultades otorgadas a la autoridad reguladora por la Ley Federal de Competencia Económica. El Pleno determinó que es válido que dicha autoridad solicite información y pruebas para evaluar condiciones de competencia, así como emitir estudios y dictámenes. La resolución refuerza la legalidad de los procesos de supervisión en mercados regulados y promueve el funcionamiento equilibrado de la competencia.
Las tres resoluciones consolidan criterios que delimitan el alcance regulatorio del Estado en sectores estratégicos, y establecen precedentes sobre la protección de derechos económicos, la transparencia institucional y la estabilidad jurídica en el entorno regulatorio.