El Colegio de Abogados del Estado de Michoacán emitió un posicionamiento crítico ante la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, al advertir que las modificaciones en materia de suspensión del acto reclamado podrían afectar derechos fundamentales, especialmente en casos vinculados al congelamiento de cuentas bancarias, investigaciones por lavado de dinero y procedimientos fiscales.
Durante una conferencia con medios de comunicación, encabezada por el presidente del Colegio, Dr. Diego Romeo Chávez Hernández, y el secretario general, Dr. Javier Eliott Olmedo Castillo, se expusieron los alcances de la iniciativa legislativa y se subrayó la necesidad de revisar con detalle el articulado para evitar retrocesos en la protección jurídica de las personas.
Chávez Hernández señaló que el juicio de amparo debe conservar su función esencial como mecanismo de defensa frente a actos de autoridad, y reiteró la disposición del gremio a participar en mesas técnicas de análisis legislativo. “Sólo juntos podemos hacer la gran diferencia”, expresó, al destacar que el Colegio mantiene canales abiertos de orientación jurídica para la ciudadanía.
En el mismo encuentro, el magistrado Salvador Alejandro Pérez Contreras compartió su visión sobre la reforma, reconociendo que si bien busca agilizar los procesos mediante herramientas electrónicas, también introduce restricciones a la suspensión del acto reclamado en materias sensibles. “Se pretende limitar la suspensión del acto reclamado para ciertos efectos, en materia de congelamiento de cuentas bancarias, en materia de investigación por temas de lavado de dinero y en materia de cobros fiscales”, puntualizó.
Los integrantes del Colegio coincidieron en que la suspensión provisional y definitiva constituye el núcleo del juicio de amparo, y que cualquier restricción a estas figuras podría traducirse en vulneraciones a derechos humanos. “Hay dos cosas que son fundamentales: la suspensión provisional y la suspensión definitiva. Esa es la parte medular que estamos defendiendo nosotros”, afirmaron.
Asimismo, se destacó que el principio pro persona y la convencionalidad internacional deben prevalecer como criterios rectores en la interpretación judicial. “Los derechos humanos no pueden vulnerarse por ningún motivo”, señalaron los participantes.
Ante la pregunta sobre si la reforma podría derivar en prácticas autoritarias, los expositores matizaron que más que autoritarismo, se trata de un cambio en los niveles de protección estatal que podría impactar negativamente en las garantías individuales.
El Colegio informó que continuará participando en foros de análisis y actualización jurídica, con el objetivo de brindar información técnica a litigantes y ciudadanos sobre los efectos de la reforma. “Vamos a ser vinculantes”, expresó el integrante Abraham, al destacar la apertura del Colegio para colaborar con autoridades y universidades.
La postura institucional concluyó con un llamado a la reflexión legislativa y a la defensa del Estado de Derecho, en paralelo al fortalecimiento de la educación jurídica y la promoción de una justicia accesible y garantista.