México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) manifestó su preocupación ante el proyecto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este 4 de febrero y que propone sobreseer el amparo promovido contra la Ley de la Fiscalía General de la República aprobada en 2021. La organización advirtió que la resolución no solo evita escuchar a las víctimas, sino que establece un precedente que limita el acceso a la justicia para colectivos que acompañan casos de violencia e impunidad.
MUCD recordó que la reforma de 2021 eliminó derechos reconocidos en la legislación de 2018, entre ellos la participación de las víctimas como coadyuvantes en las investigaciones, el acceso a la carpeta, la posibilidad de impugnar decisiones del Ministerio Público, la adopción de medidas de protección y la responsabilidad de la Fiscalía en mecanismos de apoyo y búsqueda. Estos cambios, señaló, profundizaron la indefensión de quienes buscan justicia.
El amparo fue promovido en junio de 2021 como parte de los esfuerzos del colectivo La Justicia que Queremos, con el argumento de que la reforma contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos al restringir facultades previamente reconocidas. En 2025, un Tribunal Colegiado reconoció el interés legítimo de MUCD y remitió el caso a la Suprema Corte para analizar el fondo de la constitucionalidad de las normas impugnadas.
Sin embargo, el proyecto del ministro Hugo Aguilar sostiene que los artículos cuestionados regulan únicamente asuntos internos de la Fiscalía y no generan afectación directa a las víctimas ni a las organizaciones que las acompañan. Para MUCD, esta interpretación evita revisar el contenido sustantivo de la ley y deja en manos de la propia Fiscalía la definición del alcance de los derechos de las víctimas.
La organización afirmó que desconocer el principio de no regresividad y negar el interés legítimo implica ignorar la eliminación de mecanismos que garantizaban participación, control y acceso a la verdad. Señaló que la postura del proyecto desconoce la realidad de miles de personas que enfrentan obstáculos estructurales para acceder a la justicia.
MUCD advirtió que la resolución, de aprobarse, impediría a organizaciones civiles defender derechos frente a un sistema que ha fallado reiteradamente a las víctimas. Consideró que la decisión cerraría la vía constitucional para revisar reformas regresivas y debilitaría la rendición de cuentas de la Fiscalía.
La organización exigió que la Suprema Corte analice el fondo del asunto y cumpla con su responsabilidad constitucional. Sostuvo que las víctimas han permanecido en indefensión durante años y que ignorar el carácter regresivo de la ley consolidaría un precedente que restringe derechos y profundiza la crisis de impunidad en el país. Añadió que la Corte no puede seguir evadiendo su obligación de escuchar a quienes buscan justicia.