Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, analizadas por TResearch International, muestran que México cerró 2025 con 890 denuncias por aborto, el nivel más alto de la última década y un incremento de 14 por ciento respecto a 2024. El reporte confirma una tendencia al alza que rompe la estabilidad observada en años previos y que coloca el tema en el centro del debate público por sus implicaciones sociales, sanitarias y de protección a la vida.
El análisis histórico 2015‑2025 indica fluctuaciones anuales, pero con un repunte significativo en el último año del periodo medido. Solo en diciembre de 2025 se registraron 79 denuncias, 11 por ciento más que en el mismo mes de 2024, lo que evidencia un cierre anual con presión ascendente. La información también revela que la distribución territorial es desigual: Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México concentran 68 por ciento de los casos del sexenio, lo que confirma que el fenómeno se localiza principalmente en zonas urbanas y metropolitanas.
Ajustado por población, Nuevo León, Ciudad de México y Baja California encabezan las denuncias por cada millón de habitantes, superando el promedio nacional. La variación entre 2024 y 2025 muestra incrementos en diversas entidades, mientras que otras mantienen niveles bajos o nulos, lo que refleja diferencias regionales en la incidencia y en los patrones de denuncia.
El documento también registra que, durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, las denuncias acumuladas ascienden a 890, con aumentos interanuales que alcanzan hasta 18 por ciento en algunos periodos. La concentración geográfica y el crecimiento sostenido plantean interrogantes sobre los factores que impulsan la incidencia y sobre la capacidad institucional para atender el fenómeno desde una perspectiva integral que considere la prevención, la atención social y la protección de la vida.
La información disponible permite observar que el incremento de denuncias no solo representa un indicador estadístico, sino un llamado a revisar las condiciones que llevan a estos casos y a fortalecer políticas públicas orientadas a la defensa de la vida, la reducción de riesgos y la atención temprana de las circunstancias que rodean cada situación. El comportamiento de los datos confirma que el tema permanece vigente y requiere análisis continuo para comprender su evolución y sus implicaciones en el ámbito nacional.