Una investigación de Latinus documentó que el gobierno federal ha otorgado a Grupo Andrade contratos que suman al menos 33 mil millones de pesos durante los dos últimos sexenios encabezados por Morena. El reportaje señala que este conglomerado empresarial, propiedad de Ángel Mieres Zimmermann, controla El Heraldo de México y mantiene vínculos laborales con Alejandra Icela Martínez Rodríguez, hija de la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien funge como coordinadora de El Heraldo USA.
De acuerdo con la investigación, los contratos provienen de al menos 60 dependencias federales, entre ellas PEMEX y Leche para Bienestar, principalmente por la compra y renta de vehículos. Latinus destaca que el crecimiento de los negocios de Grupo Andrade coincide con su papel como operador mediático favorable a las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
El reportaje subraya que la presencia de la hija de la secretaria de Gobernación en un cargo directivo dentro de una empresa beneficiada por contratos públicos plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés, especialmente en un contexto donde los medios del grupo han difundido mensajes alineados con el gobierno federal.
La investigación también señala que el conglomerado ha puesto su infraestructura mediática al servicio de la comunicación gubernamental, lo que, combinado con la asignación de contratos millonarios, abre un debate sobre la relación entre poder político, gasto público y medios de comunicación.
Latinus expone que la dispersión de contratos entre múltiples dependencias federales dificulta la supervisión integral del flujo de recursos hacia Grupo Andrade, pero confirma que el monto acumulado supera los 33 mil millones de pesos. El reportaje no identifica hasta ahora investigaciones oficiales sobre el origen, la asignación o la pertinencia de estos contratos.
La publicación concluye que la información disponible obliga a revisar los mecanismos de contratación pública y la transparencia en la relación entre el gobierno federal y empresas con vínculos directos con funcionarios de alto nivel.