En sesión de Pleno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer dos asuntos de relevancia constitucional que inciden directamente en los ámbitos penal y fiscal. Las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción 617/2025 y 644/2025 fueron admitidas con el objetivo de establecer criterios que fortalezcan la certeza jurídica, el respeto al debido proceso y la protección de los derechos humanos.
El primer asunto se centra en la interpretación del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a la prisión preventiva justificada. El Pleno analizará los elementos que deben considerarse para determinar la procedencia de esta medida cautelar, con el propósito de delimitar parámetros judiciales que permitan equilibrar la persecución penal con la garantía de los derechos fundamentales de las personas procesadas.
La discusión busca precisar cuándo es legítimo aplicar la prisión preventiva justificada, diferenciándola de otras medidas cautelares y evitando su uso desproporcionado. El análisis podría incidir en la práctica judicial al establecer criterios uniformes que orienten a jueces y tribunales en la valoración de riesgos procesales, como la posible evasión de la justicia o la afectación a víctimas.
El segundo asunto aborda la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para presentar querellas en materia penal fiscal. La Corte deberá determinar si esta facultad se ve limitada cuando la información que da origen a la denuncia proviene de un dictamen técnico contable emitido por una autoridad distinta al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La resolución permitirá delimitar los requisitos formales y temporales que deben cumplirse para que la SHCP pueda solicitar la apertura de investigaciones penales por delitos fiscales. El criterio que emita el Pleno podría impactar en la coordinación interinstitucional entre autoridades hacendarias y órganos de procuración de justicia, así como en la seguridad jurídica de los contribuyentes.
Ambos asuntos reflejan el papel de la SCJN como instancia de control constitucional y garante de los principios procesales. Las decisiones que emita el Pleno en estos casos establecerán precedentes que podrían modificar prácticas judiciales y administrativas en materia penal y fiscal, con implicaciones directas en el ejercicio de derechos y en la actuación de las autoridades.