Una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en su sección Redes de Corrupción, documenta cómo el gobierno de Venezuela, bajo el argumento de un intercambio humanitario, utilizó a la empresa mexicana Libre Abordo para comercializar petróleo en medio de sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos. El trabajo periodístico, elaborado por Valeria Durán, reconstruye paso a paso el esquema que permitió la salida de millones de barriles de crudo, mientras el componente alimentario del acuerdo quedó limitado en su ejecución.
La operación, según los documentos obtenidos por MCCI —entre ellos oficios, autorizaciones de zarpe, facturas, contratos, certificados de carga y pagos anticipados— fue gestionada desde la estructura institucional de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX), con avales administrativos y apoyo logístico internacional. Libre Abordo fungió como contraparte comercial, consignataria y operadora logística, sin experiencia previa en el sector energético ni en comercio exterior.
El esquema se presentó como un canje de petróleo por maíz blanco y otros bienes, pero en la práctica permitió colocar crudo venezolano en mercados internacionales, cobrarlo fuera del sistema financiero estadounidense y mantener activa la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. La secuencia documental muestra que el crudo fue embarcado, certificado y consignado a nombre de Libre Abordo, con destino a Singapur, mientras que las facturas de exportación establecieron pagos en bancos rusos, fuera del alcance de las sanciones.
La investigación detalla que la operación incluyó redocumentación de cargamentos para fragmentar volúmenes y redistribuir rutas, así como pagos anticipados por parte de Libre Abordo a empresas navieras en Liberia, Malta y Grecia, lo que evidencia su integración en la cadena internacional de transporte y reventa. El contrato de adquisición de 210 mil toneladas de maíz blanco entre CORPOVEX y Libre Abordo sirvió como sustento formal del canje, aunque la entrega de alimentos fue limitada frente al volumen de petróleo movilizado.
El reportaje también identifica a Joaquín Leal Jiménez como operador clave del esquema. Empresario originario de Guanajuato, Leal fue incluido en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2020 por su papel como intermediario entre PDVSA y diversas entidades que facilitaron la venta de crudo en el extranjero.
La investigación de MCCI advierte que el uso de estructuras comerciales mexicanas para esquivar sanciones internacionales plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y supervisión en el comercio exterior, así como sobre la responsabilidad de actores privados en operaciones que involucran bienes estratégicos y regímenes sancionados. El caso Libre Abordo se convierte en un referente para analizar las vulnerabilidades del sistema y la necesidad de fortalecer la transparencia en las relaciones comerciales internacionales.