En sus primeros cien días de trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) colocó en el centro de su agenda a personas y comunidades históricamente marginadas. Con 821 asuntos resueltos en el Pleno, el Máximo Tribunal delineó un periodo inicial marcado por decisiones que fortalecen la protección de pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y sectores en situación de vulnerabilidad.
La Corte invalidó disposiciones de la Ley Municipal de Nayarit que reducían la representación indígena a cargos honoríficos sin voto, al considerar que esa limitación convertía su participación en un papel meramente decorativo. El Pleno sostuvo que las comunidades deben intervenir de manera efectiva en políticas y proyectos que afectan su vida y territorio.
En materia de derechos de las mujeres, se declaró inconstitucional la criminalización absoluta de la interrupción del embarazo en Tlaxcala y se validaron reformas sobre violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Civil Federal y el Código Penal Federal. En el ámbito electoral, se avaló una reforma en Morelos que obliga a postular exclusivamente a mujeres en un bloque de ayuntamientos, como acción afirmativa para revertir la subrepresentación histórica en cargos municipales.
La protección de infancias y adolescencias también fue relevante. En un caso de propiedad de vivienda, la Corte ordenó resolver el conflicto priorizando el derecho de un adolescente con discapacidad a vivienda y alimentos. En otro asunto, confirmó que el delito de incumplimiento de obligaciones familiares garantiza el derecho de niñas y niños a recibir alimentos, sin que la expresión “sin motivo justificado” pueda encubrir el abandono.
El Pleno reconoció la diversidad familiar al permitir pensiones por ascendencia cuando existe un vínculo real de cuidado y dependencia, incluso sin lazo biológico, y facilitó que hijas e hijos mayores de edad accedan a recursos de cuentas individuales de personas fallecidas sin acreditar dependencia económica.
En defensa de personas en situación de calle, invalidó multas municipales en Morelos por dormir en la vía pública, al considerar que sancionaban de forma desproporcionada a quienes carecen de hogar. Respecto a personas privadas de la libertad, ordenó que se entreguen copias gratuitas de expedientes penales en los centros penitenciarios y estableció que, ante omisiones en la vigilancia de condiciones de internamiento, los afectados pueden acudir directamente al juicio de amparo.
La agenda de discapacidad ocupó un lugar central. La Corte invalidó una reforma al Código Civil de Veracruz que imponía tutelas automáticas en casos de divorcio, y anuló disposiciones que permitían remover expertos por “estado de interdicción”, figura sin sustento jurídico. El Pleno reafirmó que las leyes deben seguir el modelo social de la discapacidad y respetar la capacidad jurídica de las personas.
En este periodo inicial, la Nueva Corte ha apostado por una justicia que se construye en lo cotidiano: al proteger un hogar, evitar sanciones injustas, garantizar acceso a la justicia en prisión o reconocer la voz de quienes han sido excluidos. Las resoluciones muestran un giro hacia una justicia que se ejerce con perspectiva de derechos y con atención a los contextos sociales de cada caso.