La defensora pública Yadira Guzmán Soto, con 16 años y 11 meses de servicio, denunció que varias trabajadoras del Instituto de la Defensoría Pública enfrentan hostigamiento laboral, negativas de permisos y cambios de adscripción que ponen en riesgo su integridad.
Guzmán señaló que existe incongruencia entre el discurso gubernamental y el trato hacia las defensoras. “Es riesgoso que el gobierno del estado señale que no se le tiene que violentar a las mujeres… sin embargo, no es el caso para las defensoras públicas”, expresó.
Relató el caso de una compañera a quien se le negó permiso para cuidar a su hijo enfermo. También expuso el caso de otra defensora enviada a Zamora pese a que el cambio buscaba proteger a un compañero. “¿Por qué la mandan a ella siendo mujer?”, cuestionó.
Guzmán afirmó que, al oponerse al cambio, la defensora fue advertida de que sería degradada y posteriormente despedida. “El director le dijo que por encima de él no hay nada”, señaló.
En su caso personal, explicó que fue removida de su cargo de coordinadora tras solicitar una licencia por una oferta laboral. “Me quita el cargo de coordinadora y posteriormente hoy me fue notificado mi cambio a la región de Uruapan”, dijo.
Añadió que los cambios de adscripción implican gastos adicionales y riesgos.
“Mandarnos a las mujeres a otras regiones implica poner en riesgo nuestra integridad física”, afirmó.