La Suprema Corte de Justicia de la Nación firmó el Pronunciamiento de Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres en Razón de Género, convirtiéndolo en una obligación institucional que vincula a todas las áreas y personas servidoras públicas del Alto Tribunal. El documento, suscrito por ministras y ministros, busca consolidar un espacio seguro y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
El pronunciamiento se articula en cinco ejes: reafirmar el compromiso con la igualdad sustantiva; condenar todo acto de violencia, acoso, hostigamiento sexual o discriminación; garantizar acompañamiento jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas; impulsar la capacitación permanente en igualdad sustantiva; y ratificar a la SCJN como un espacio inclusivo y respetuoso.
La ceremonia de conmemoración del 25N estuvo encabezada por el Ministro Presidente Hugo Aguilar Ortiz y las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Sara Irene Herrerías Guerra, junto con los ministros Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García. Aguilar Ortiz enfatizó que la política de cero tolerancia es firme y categórica, mientras Loretta Ortiz recordó que todas las violencias de género deben ser investigadas, juzgadas y sancionadas.
Yasmín Esquivel exhortó a las mujeres a alzar la voz contra la violencia y señaló que el objetivo es llegar al día en que no sea necesario un pronunciamiento de este tipo. Sara Irene Herrerías destacó que las resoluciones judiciales deben enviar mensajes claros de protección y no tolerancia, y Lenia Batres subrayó que el ejemplo institucional es clave para combatir la violencia. Irving Espinosa llamó a los hombres a desaprender conductas violentas, y Arístides Guerrero alertó sobre la gravedad de la violencia digital, que ha cobrado vidas y requiere atención inmediata.
Cristina Solano Díaz, directora de Prevención, Atención y Seguimiento de Casos de Violencia de Género de la SCJN, señaló que el combate contra la violencia debe ser colectivo y sostenido. Con este pronunciamiento, la Corte trasciende el discurso y establece una política vinculante que deberá cumplirse en cada espacio y proceso del Poder Judicial, reafirmando su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres.