Una investigación del portal El CEO, realizada por el periodista Dan Ibáñez, documenta que siete grupos empresariales continúan dominando el mercado del gas LP en México, pese a sanciones por prácticas anticompetitivas y a su vinculación con accidentes graves. El reportaje señala que estas empresas siguen recibiendo contratos públicos, mientras las medidas regulatorias llegan con retraso y sin impacto estructural.
Según datos de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), órgano recientemente desaparecido, entre 2017 y 2022 se identificó una red de colusión entre las empresas Tomza, Uribe, Global Gas, Soni, Simsa, Gas Metropolitano y Gas Express Nieto. Estas compañías operan mediante al menos 49 razones sociales, con las que simulan competencia en la distribución de gas LP en pipas y tanques, respetando acuerdos internos sobre precios, zonas de operación y clientes.
La Cofece estimó que estas prácticas generaron un daño económico de 12,566 millones de pesos a los consumidores de la Zona Metropolitana del Valle de México. A pesar de ello, las empresas involucradas han seguido obteniendo contratos con dependencias federales como el IMSS, el ISSSTE y el Centro Nacional de Metrología (Cenam), mediante licitaciones limitadas o adjudicaciones directas.
Uno de los casos más recientes ocurrió en abril de 2025, cuando el ISSSTE adjudicó un contrato por 109.2 millones de pesos a G. G. Gas S.A. de C.V., del Grupo Global Gas. En otro proceso, el IMSS Bienestar adquirió más de 6.2 millones de pesos en hidrocarburo a Hidro Gas de Agua Prieta, filial de Grupo Tomza, empresa señalada como responsable del accidente ocurrido el 10 de septiembre en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, que dejó 32 personas fallecidas.
El reportaje también documenta que la Central de Fugas A.C., con sede en Azcapotzalco, ha operado como espacio informal de coordinación entre los principales actores del sector, definiendo condiciones del mercado en la capital del país. La Cofece identificó que esta red tenía su propio reglamento interno y sistema de sanciones para quienes incumplieran los acuerdos.
En respuesta a la tragedia de Iztapalapa, el gobierno federal publicó el 2 de octubre nuevas disposiciones para el transporte de hidrocarburos, incluyendo límites de velocidad, rutas restringidas y licencias especiales. Sin embargo, la investigación de El CEO advierte que estas medidas llegan después de décadas de omisiones regulatorias y no modifican la estructura de concentración del mercado.
Entre 2003 y 2021, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) registró 1,354 accidentes relacionados con gas LP, siendo la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Puebla los estados más afectados. El 79.7 % de los siniestros ocurrieron en zonas urbanas, y el 31.2 % fueron explosiones.
La investigación concluye que, mientras el gas LP sigue siendo un servicio esencial para millones de hogares, su distribución permanece bajo control de un grupo reducido de empresas. Las sanciones administrativas y las nuevas regulaciones no han desmantelado el esquema de operación, y los organismos encargados de supervisar el sector —como la Cofece y la CRE— han perdido autonomía al pasar bajo control del Ejecutivo federal.
El trabajo de Dan Ibáñez para El CEO plantea interrogantes sobre la eficacia de la política energética, la transparencia en las contrataciones públicas y la capacidad institucional para garantizar seguridad y competencia en un mercado estratégico.