El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió que, por regla general, el acto de encerrar a familiares —incluidos hijos menores— en una habitación del domicilio que habitan, puede constituir el delito de privación ilegal de la libertad, si se demuestra la existencia de dolo y no se justifica la acción.
Este criterio fue establecido al resolver el amparo en revisión 114/2024, promovido por una persona imputada por el delito de privación ilegal de la libertad, luego de que encerrara durante la noche a su esposa y a su hijo menor de edad en una recámara del domicilio familiar. El Juzgado de Distrito negó inicialmente la protección constitucional, pero el tribunal colegiado determinó que el recurso de revisión era procedente para analizar si la conducta podía ser ilícita, aún dentro del ámbito familiar.
Del ámbito privado al análisis penal
En la resolución, elaborada por el magistrado José Nieves Luna Castro y aprobada por unanimidad con el voto del magistrado José de Jesús Junior Álvarez Alvarado, se expone que la figura de patria potestad o el carácter familiar de la relación no exime automáticamente de responsabilidad penal cuando se limita la libertad de movimiento de otras personas dentro del hogar.
Según la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación (registro digital 2030526), el tribunal advierte que la acción dolosa del imputado puede configurar el delito, si no existen causas justificadas que expliquen el encierro. El documento enfatiza que la privación de la libertad no se elimina por el solo hecho de ocurrir en el interior del domicilio familiar.
Justificaciones y límites legales
La resolución reconoce que, en circunstancias excepcionales, el encierro podría estar justificado, por ejemplo, cuando se busca salvaguardar la integridad física de un familiar o por motivos de salud mental. No obstante, precisa que esas justificaciones deben estar acreditadas y ser razonables, de lo contrario, el acto puede ser considerado como una restricción indebida al derecho a la libertad personal.
El tribunal subraya que los hogares no son espacios de excepción frente a la ley penal y que el uso de la fuerza o coerción al interior del ámbito doméstico no debe normalizarse ni pasar desapercibido por el sistema de justicia, especialmente si hay indicios de violencia o subordinación.
Implicaciones sociales y jurídicas
La decisión judicial abre la discusión sobre los límites entre la autoridad familiar y los derechos fundamentales de sus integrantes. En particular, el fallo plantea una advertencia sobre dinámicas familiares que, bajo la apariencia de disciplina o control, podrían en realidad encubrir actos de coerción, violencia o abuso de poder.
Desde el punto de vista legal, este criterio establece una pauta relevante en la interpretación del delito de privación ilegal de la libertad, especialmente en contextos donde existe una relación de confianza, parentesco o convivencia doméstica.
Con esta resolución, el Tribunal señala que el respeto a la dignidad humana y a la libertad personal debe prevalecer incluso dentro del entorno familiar, y que los actos que atenten contra estos principios pueden y deben ser sujetos de revisión judicial.
La tesis fue publicada en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y corresponde a la materia penal. Se trata de un precedente que podría influir en futuros casos relacionados con violencia intrafamiliar, abuso de autoridad parental y límites del ejercicio de la patria potestad.