La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México enfrenta un momento crítico tras las acusaciones del Departamento de Justicia y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez personas, incluido un gobernador en funciones, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Calificó el hecho como un señalamiento sin precedentes y sostuvo que el Estado mexicano está obligado a actuar con legalidad y transparencia.
Durante su conferencia en San Lázaro, López Rabadán subrayó que “si frente a estos señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad”. Añadió que la certeza jurídica es una obligación constitucional y que el país debe demostrar que cuenta con instituciones capaces de responder con objetividad.
La diputada recordó que las advertencias sobre riesgos en Sinaloa no surgieron de manera aislada. Mencionó el asesinato de Héctor Melesio Cuén, las alertas públicas del diputado Mario Zamora sobre la posible intervención del crimen organizado en procesos políticos y las denuncias de liderazgos locales como Paola Gárate. “Lo que hoy enfrentamos también es consecuencia de una lamentable omisión institucional”, afirmó, citando que diversos actores acudieron a organismos internacionales ante la falta de respuestas nacionales.
Sobre la situación jurídica del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, López Rabadán explicó que la etapa actual corresponde a una solicitud de detención provisional con fines de extradición. Recordó que el propio gobierno federal impulsó la ampliación de la prisión preventiva oficiosa y sostuvo que, en congruencia, “si alguien cometió un delito, se ponga a disposición de las autoridades nacionales o internacionales”.
Cuestionada sobre la postura del gobierno federal, que ha señalado falta de elementos en el caso, la diputada advirtió que el país enfrenta “una prueba de fuego” para demostrar si sus instituciones actúan con independencia. Señaló que los señalamientos de Estados Unidos incluyen acusaciones de que servidores públicos habrían señalado a opositores para perjudicarlos, lo que calificó como un hecho sin precedente en la vida pública nacional.
López Rabadán también vinculó la crisis institucional con efectos económicos. Afirmó que la incertidumbre afecta la confianza internacional y puede repercutir en la negociación del T-MEC. “Es un efecto dominó”, dijo, al señalar que la inseguridad y la presencia del crimen organizado generan impactos directos en la vida cotidiana y en la economía de millones de personas.
Frente a los señalamientos del oficialismo que acusan a la oposición de acudir a organismos internacionales, la diputada respondió que estos mecanismos existen precisamente cuando las vías internas no garantizan verdad y legalidad. “No es apátrida acudir a la OEA o a la CIDH; es ejercer un derecho”, sostuvo.
En cuanto al clima político en el Congreso, aseguró que mantendrá una conducción abierta al debate en la Comisión Permanente. Reiteró que no cerrará el micrófono a ningún legislador y que el diálogo es indispensable para procesar las diferencias. “Callar a un legislador no vuelve a los delincuentes buenos”, afirmó.
Sobre el discurso del gobierno federal que denuncia una campaña de “linchamiento” desde el exterior, López Rabadán respondió: “Demostremos que no somos un país en donde hay narcogobiernos. El problema ético es si los van a proteger o los van a sancionar”.
Finalmente, al ser cuestionada sobre la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa tras haber sido exonerado por la FGR, señaló que el país atraviesa una etapa “lastimosísima” y que las instituciones deben garantizar justicia y transparencia para recuperar credibilidad nacional e internacional.