El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales (CNSIPEF-E) 2025, que ofrece un diagnóstico integral sobre la infraestructura, población, personal y desempeño de los centros penitenciarios en México. Al cierre de 2024, el país contaba con 325 centros: 14 federales, 261 estatales y 50 especializados para adolescentes, con una capacidad instalada de 230,168 espacios.
La tasa de ocupación nacional fue de 102.9 personas privadas de la libertad por cada cien espacios disponibles, la más alta desde 2017. En los centros estatales, la tasa fue de 107.0; en los federales, de 73.4. Las entidades con mayor saturación fueron Estado de México y Nayarit, ambas con 238.8 personas por cada cien espacios. En contraste, Colima y Campeche registraron las tasas más bajas, con 39.2 y 55.0, respectivamente.
Durante 2024, se contabilizaron 236,773 personas privadas de la libertad, de las cuales 5.9 % fueron mujeres y 94.1 % hombres. La tasa nacional por cada cien mil habitantes fue de 179.0. Sonora y Baja California presentaron las tasas más altas, con 381.0 y 319.2, respectivamente.
En cuanto al estatus jurídico, 36.3 % de la población penitenciaria no contaba con sentencia. En el caso de las mujeres, el porcentaje fue de 46.3 %, mientras que en los hombres fue de 35.7 %. Las entidades con mayor proporción de prisión preventiva oficiosa fueron Estado de México, Michoacán y Durango, con 100 % de sus personas sin sentencia bajo esta medida.
Durante el mismo año, ingresaron 140,510 personas a los centros penitenciarios, lo que representa una disminución de 4.9 % respecto a 2023. El 8.8 % de los ingresos correspondió a mujeres. Los delitos más frecuentes fueron robo (25.6 % en mujeres y 27.2 % en hombres) y narcomenudeo (24.4 % en mujeres y 20.5 % en hombres).
Respecto al personal penitenciario, se registraron 38,841 personas en funciones en los centros estatales y especializados. Las mujeres representaron 40.1 % del total. Las entidades con mayor proporción de personal femenino fueron Sinaloa (55.0 %) y Querétaro (51.2 %). En cuanto a escolaridad, 47.1 % del personal federal contaba con licenciatura, mientras que en los centros estatales predominó el nivel de preparatoria (37.5 %).
El presupuesto ejercido en 2024 por el sistema penitenciario fue de 43,871 millones de pesos corrientes. Ciudad de México concentró 11.5 % del gasto estatal. En términos reales, el presupuesto total aumentó 54.6 % respecto a 2017.
En materia de derechos humanos, se presentaron 57,743 peticiones administrativas ante las autoridades penitenciarias, y 7,011 solicitudes de queja ante organismos públicos. El derecho a la salud fue el más señalado como presuntamente vulnerado, tanto en el ámbito federal (66.2 %) como estatal (42.1 %).
El censo también reportó que 3.4 % de la población penitenciaria pertenecía a algún pueblo indígena, y 5.8 % presentaba alguna discapacidad. Además, 311 menores de seis años vivían con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios, cifra que representa una disminución de 10.4 % respecto al año anterior.