Información de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), elaborada por los reporteros Iván Alamillo y Verónica Ayala, revela que el Contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrino político del ex secretario de Marina Rafael Ojeda Durán y señalado como líder de una red de huachicol fiscal, sostuvo operaciones financieras por más de 15 millones de pesos con compañías del empresario sonorense Gilberto Salazar Escoboza, sentenciado en 2013 en Estados Unidos por fraude mediante exportaciones simuladas.
De acuerdo con la causa penal integrada por la Fiscalía General de la República, a la que MCCI tuvo acceso, las transferencias entre Farías Laguna y las empresas Agroexportadora SE y Agronegocio SE fueron clasificadas como “inusuales” por la Unidad de Inteligencia Financiera. El expediente detalla que solo en 2025 el mando naval recibió 41 depósitos por más de 40.3 millones de pesos, entre ellos una operación de 5 millones proveniente de Agroexportadora SE, mientras que realizó 59 transferencias por 39.7 millones, incluidas tres por 10 millones hacia Agronegocio SE.
Una revisión de registros mercantiles realizada por MCCI confirma que ambas compañías están encabezadas por Gilberto Salazar Escoboza, cuyos hijos figuran como accionistas. Aunque la causa penal no establece el motivo de los movimientos, las dos sociedades están dedicadas a actividades agrícolas y comerciales.
Salazar Escoboza fue detenido en 2012 en San Diego y acusado de defraudar por 4.4 millones de dólares al Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos mediante documentos falsos que simulaban operaciones comerciales. Tras un acuerdo de culpabilidad, resarció parte del daño, pagó una multa y fue deportado en 2013.
Los vínculos financieros no se limitan al Contralmirante. Documentos del Registro Único de Garantías Mobiliarias muestran que empresas de Salazar Escoboza han mantenido relaciones de negocio con Ramón Ángel Castillo Vázquez, socio de Farías Laguna en la firma Inmobiliaria Falaycava. En 2023, Agroexportadora SE solicitó un crédito por 7 millones de pesos dejando en prenda ganado cuya propiedad fue acreditada con una factura emitida por Castillo Vázquez.
Castillo Vázquez también ha sido identificado como socio de Alfonso Durazo Chávez, hijo del gobernador de Sonora, en empresas con operaciones en México y Estados Unidos, lo que amplía el entramado de relaciones políticas y empresariales alrededor del caso.
La investigación de MCCI documenta además que Salazar Escoboza ha mantenido cercanía con figuras del poder en Sonora. Durante su proceso judicial en Estados Unidos, presentó una carta de apoyo firmada por el entonces gobernador Guillermo Padrés Elías, y años después participó en actos públicos con la ex gobernadora Claudia Pavlovich, incluida la entrega de las Villas del Papa Francisco en 2019, donde fungió como presidente del patronato.
El empresario también ha operado programas federales a través de su compañía Videxport S.A. de C.V., utilizada en el fraude por el que fue sentenciado, y que mantiene líneas de crédito activas para proyectos agrícolas, según registros de FIRA.
La causa penal contra Farías Laguna y otros integrantes de la Secretaría de Marina continúa en curso, mientras las operaciones financieras con empresas vinculadas a un empresario previamente sentenciado en Estados Unidos forman parte central de la investigación federal.