En la Cámara de Diputados, el legislador Rubén Moreira Valdez presentó una iniciativa que busca incorporar al artículo 4º constitucional el derecho de las viudas y huérfanos de personas fallecidas por hechos de violencia vinculados al crimen organizado a recibir una pensión digna, con carácter permanente y exigible. El diputado del PRI sostuvo que este apoyo no debe entenderse como una dádiva, sino como un derecho constitucional orientado a evitar que la violencia genere una segunda afectación: la precariedad de los hogares.
La propuesta plantea la creación del Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia, administrado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El fondo se integraría con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, bienes decomisados al crimen organizado, donaciones y otras aportaciones, bajo criterios de transparencia y rendición de cuentas. La pensión no podría ser inferior al salario mínimo mensual vigente.
Moreira argumentó que el modelo actual de atención a víctimas es insuficiente, pues depende de mecanismos sujetos a disponibilidad presupuestaria. Recordó que la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en 2020 debilitó la capacidad institucional para responder a las necesidades de las familias afectadas. Advirtió que la pérdida del sostén económico del hogar, sumada al impacto emocional, deriva en abandono escolar, trabajo infantil y ciclos de exclusión social.
El legislador contextualizó la iniciativa con cifras de 2024: 33 mil 241 homicidios y 23.1 millones de personas víctimas de algún delito, de los cuales el 93.2 por ciento no se denunció o no derivó en investigación. Señaló que estos datos reflejan un impacto profundo en la estructura familiar y justifican la necesidad de un mecanismo permanente de protección económica.
El proyecto establece un régimen transitorio que otorga al Congreso 90 días para adecuar la legislación secundaria y a la CEAV 180 días para constituir y poner en operación el Fondo Nacional de Pensiones para Víctimas de la Violencia. Moreira afirmó que la reforma busca colocar en el centro de la acción del Estado a las víctimas indirectas de la violencia y subrayó que la justicia no se limita a la persecución del delito, sino también a garantizar condiciones materiales de vida para quienes enfrentan sus consecuencias.