Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por Eduardo Buendía y Raúl Olmos, documentó la participación de tres empresas vinculadas con el actual vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila Anaya, y su familia, en procedimientos de contratación pública en diversas dependencias del gobierno federal.
De acuerdo con la investigación de MCCI, en octubre de 2022, apenas once días después de que Ávila se integró a la Secretaría de Gobernación como director de enlace, tres empresas relacionadas con él y su familia —IBN Industrias Militares, Share y Asociados, y Blindajes Urbanos— presentaron propuestas en una licitación de Liconsa, entonces parte de Segalmex. A pesar de dedicarse al giro de seguridad, las compañías compitieron por un contrato de mantenimiento de sistemas de energía y ventilación en oficinas administrativas. Ninguna resultó adjudicada: dos fueron descalificadas y la tercera superó el tope presupuestal.
La investigación de MCCI establece que esta participación simultánea es una práctica empresarial conocida como simulación de competencia, en la que diferentes empresas vinculadas presentan propuestas en un mismo proceso.
Los periodistas documentan también que, a pesar de que el propio Ávila Anaya ha afirmado haberse desvinculado de sus empresas desde enero de 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le notificó en noviembre de ese año la autorización para operar servicios de seguridad privada en todo el país, dirigida al correo electrónico personal del legislador. Esta autorización corresponde a la empresa IBN Industrias de Inteligencia Artificial, sucesora de IBN Industrias Militares.
MCCI detalla que entre 2020 y 2024, las empresas familiares de Ávila firmaron contratos con instancias como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Banco del Bienestar. En Pemex, una hermana del legislador firmó contratos por más de 18 millones de pesos para el arrendamiento de camionetas blindadas. La Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades y retrasos en la conclusión de uno de estos convenios.
Además, la empresa fue inhabilitada en 2021 por la Secretaría de la Función Pública debido al incumplimiento de contratos con el Banco del Bienestar. Otra firma vinculada a la familia, Share y Asociados, recibió una amonestación pública ese mismo año por parte de la Secretaría de Seguridad.
La investigación de MCCI incluye contratos de la empresa Blindajes Urbanos, fundada por el padre del legislador, con los gobiernos estatales de Zacatecas, Michoacán y Durango. En algunos casos, esta firma fungió como distribuidora de vehículos blindados fabricados por IBN Industrias Militares. Uno de los contratos fue asignado por el gobierno de Zacatecas un mes y medio después de que David Monreal asumiera la gubernatura.
La publicación también destaca que Ávila ha sido promovido como posible candidato a la gubernatura de Aguascalientes y que su imagen y la de su familia ha sido difundida mediante contenidos publicados en “La Resistencia”, medio registrado a nombre del propio legislador y su esposa.
La investigación completa de Eduardo Buendía y Raúl Olmos, publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ofrece detalles sobre fechas, montos, firmas y documentos que sustentan las observaciones realizadas sobre el posible uso de recursos públicos y la vinculación de intereses privados con el ejercicio de funciones públicas.