En el marco del X Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado con motivo del décimo aniversario del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CEC-SCJN), especialistas nacionales e internacionales coincidieron en que el fortalecimiento de la justicia en México requiere atender problemas estructurales e institucionales persistentes, más allá del debate centrado en los mecanismos de elección de jueces.
Durante la clausura del encuentro, Alejandra Martínez Verástegui, directora general del CEC-SCJN, afirmó que la discusión pública sobre la reforma al Poder Judicial debe centrarse en mejorar el acceso y la calidad del sistema de justicia para la ciudadanía, y no limitarse a las formas de designación de los juzgadores.
“La reforma ya está aquí”, sostuvo, y destacó que el objetivo de los trabajos fue discutir los retos de su implementación y proponer mecanismos institucionales que aseguren a las personas un mejor sistema de justicia en cualquier circunstancia.
En la conferencia “El precedente judicial como garantía de imparcialidad”, el académico Álvaro Núñez Vaquero, de la Universidad de Murcia, expuso que la comunidad jurídica internacional observa con atención el desarrollo del modelo mexicano, particularmente ante la reforma electoral que contempla la elección de jueces mediante el voto popular. Señaló que esto plantea nuevos desafíos respecto a la creación, derogación y aplicación de precedentes judiciales.
En el panel sobre precedente judicial, especialistas del CEC-SCJN, la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad, coincidieron en que la generación oportuna y la difusión adecuada de los precedentes judiciales sigue siendo un reto no superado, especialmente en el ámbito local, donde su seguimiento es limitado.
Por su parte, el académico Roberto Saba, de la Universidad de Buenos Aires, en su participación titulada “La construcción de legitimidad de las Cortes Constitucionales”, señaló que la legitimidad de los tribunales constitucionales depende, en gran medida, de su función interpretativa de las leyes, pero también del diseño del proceso de designación de sus integrantes.
En un panel sobre legitimidad judicial, investigadoras e investigadores del CEC-SCJN, de la organización Dejusticia y de la Universidad de Buenos Aires coincidieron en que la legitimidad de quienes imparten justicia no sólo se basa en una correcta aplicación de las normas, sino también en la percepción pública de que esa aplicación es adecuada, justa y razonada.
El Congreso concluyó con una reflexión sobre la necesidad de construir un sistema de justicia que no sólo funcione institucionalmente, sino que también cuente con la confianza ciudadana como base de su legitimidad.