La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró este lunes la primera jornada de la Audiencia Pública 1/2025, en la que se analiza la posible invalidez de normas generales por omitir la consulta previa a personas con discapacidad. El ejercicio se enmarca en la discusión de la Acción de Inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán.
La ponencia está a cargo de la ministra Lenia Batres Guadarrama y se centra en diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán, cuya aprobación legislativa no incluyó mecanismos de consulta directa a personas con discapacidad, como exige el marco constitucional y convencional en materia de derechos humanos.
Durante la jornada, más de 30 personas con discapacidad, representantes y organizaciones civiles participaron de forma presencial y remota, exponiendo experiencias, preocupaciones y propuestas. Las intervenciones provinieron de entidades como Michoacán, Morelos, Hidalgo, Baja California, Nayarit, Tabasco y San Luis Potosí, lo que permitió una visión amplia sobre los efectos de la omisión legislativa.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reconoció el valor del encuentro como espacio de aprendizaje institucional y agradeció la participación activa de los asistentes. La audiencia contó con medidas de accesibilidad universal, incluyendo interpretación en Lengua de Señas Mexicana, subtitulación en tiempo real y ajustes razonables, con el objetivo de garantizar la inclusión plena en el proceso deliberativo.
La SCJN continuará con las sesiones los días martes 21 y miércoles 22 de octubre, conforme al calendario aprobado por el Pleno. El desarrollo de esta audiencia pública representa un ejercicio de justicia abierta y participativa, y podría sentar precedentes relevantes sobre la obligatoriedad de la consulta previa en procesos legislativos que impactan directamente a grupos en situación de vulnerabilidad.
La Corte deberá resolver si la omisión de consulta invalida las disposiciones impugnadas, lo que implicaría una revisión del procedimiento legislativo estatal y una eventual redefinición de los estándares de participación ciudadana en la elaboración de normas. El caso pone en el centro del debate el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad en el diseño institucional del país.