La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) modificó su estructura con la desaparición de las Salas y la permanencia de un Pleno único integrado por nueve ministros. Con el nuevo Reglamento de Sesiones, que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2025, se establecen cambios significativos respecto a la forma en que se resolvían los asuntos hasta ahora.
En el esquema anterior, el tribunal funcionaba con once ministros, distribuidos en dos Salas y el Pleno. Las Salas se ocupaban de la mayoría de los casos ordinarios en materias civil, penal, laboral y administrativa, mientras que el Pleno se concentraba en asuntos de constitucionalidad. El nuevo modelo concentra todo el trabajo en el Pleno, con un calendario temático para la atención de las distintas materias a lo largo de la semana.
La principal diferencia está en la carga de trabajo: las Salas, por su especialización, resolvían más asuntos en menor tiempo, mientras que el Pleno ahora enfrentará el reto de atender el conjunto de expedientes. Para reducir los tiempos de discusión se establecieron límites de intervención, lo que formaliza los debates, aunque con el riesgo de limitar la profundidad en asuntos complejos.
El reglamento también impone la publicación obligatoria de listas con al menos tres días de anticipación y la difusión de versiones públicas de los proyectos de resolución. Se incluyen disposiciones de accesibilidad, como la presencia de intérpretes en lengua de señas y lenguas indígenas, así como formatos de lectura accesible.
Otro cambio relevante es la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias fuera de la sede de la Corte, en coordinación con comunidades indígenas y afromexicanas. En contraste, se introdujo un criterio inédito para la rotación de ponencias, vinculado a los resultados del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, aspecto que genera debate sobre la relación entre justicia y procesos políticos.
La transición del esquema de Salas a un Pleno reducido representa un ajuste estructural con impacto directo en la manera en que la Corte organiza su agenda, delibera y resuelve los casos. Su implementación práctica permitirá evaluar si el nuevo modelo resulta más eficiente o si se traduce en mayor carga y menor capacidad de resolución.