La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que la pena de quince a treinta años de prisión prevista en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas es constitucional cuando se aplica a quien comparta, por cualquier medio, videograbaciones sexuales en las que participen personas menores de edad.
La resolución se derivó del amparo directo en revisión 429/2025, promovido por una persona sentenciada a 15 años de prisión por el delito de trata de personas en dicha modalidad. El quejoso argumentó que la pena impugnada vulnera el principio de proporcionalidad, al equiparar la sanción para quien produce el material con la de quien lo difunde.
La Sala determinó que la pena establecida por el legislador es proporcional a la gravedad de la conducta, al considerar que ambas acciones —producción y difusión— generan afectaciones significativas al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad y la libertad de las personas menores de edad. En ese sentido, se señaló que el legislador tiene facultades para fijar sanciones severas cuando se trata de delitos que impactan directamente en los derechos humanos de grupos vulnerables.
El fallo también subrayó que la trata de personas constituye un fenómeno complejo que involucra redes delictivas y múltiples formas de abuso, por lo que la regulación penal debe contemplar medidas que respondan a la magnitud del daño causado. La Sala concluyó que aplicar la misma pena a distintas conductas dentro del tipo penal no contraviene el artículo 22 constitucional, que establece el principio de proporcionalidad de las penas.
La sentencia fue confirmada y el amparo solicitado fue negado. El proyecto fue elaborado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf y aprobado por unanimidad de cinco votos en sesión pública. La resolución establece un precedente sobre la interpretación constitucional de las penas en delitos relacionados con la trata de personas y la protección de menores.