Una iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso local para tipificar el delito de apología del delito en el Código Penal de Michoacán ha generado preocupación entre organizaciones de periodistas, defensores de derechos humanos y expertos en libertad de expresión, quienes consideran que el planteamiento abre la puerta a un uso represivo y discrecional del derecho penal.
De acuerdo con el análisis de especialistas, el nuevo artículo 163 quinquies castiga con hasta seis meses de cárcel y multas económicas a quienes “hagan apología de delitos o de algún vicio”. Sin embargo, la redacción es considerada vaga, ambigua y sujeta a interpretaciones arbitrarias, al no definir con claridad qué se entiende por “apología”, “incentivar la criminalidad” o “vicio”.
⚠️ Un riesgo real para el periodismo
Bajo el argumento de “combatir la exaltación de la criminalidad”, la iniciativa pone en riesgo directo a periodistas, medios y comunicadores que abordan temas relacionados con el crimen organizado, violencia o inseguridad, ya que cualquier alusión a estos hechos podría ser considerada como “promoción del delito”.
“El temor a ser procesado penalmente puede llevar a medios a autocensurarse, evitando investigar o publicar reportajes sobre grupos delictivos, incluso cuando se trate de información de interés público”, advirtió una fuente consultada del gremio periodístico local.
🧱 Libertad de expresión en entredicho
El proyecto también ha sido criticado por contradecir criterios internacionales, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señalan que las restricciones a la libertad de expresión deben ser claras, necesarias y proporcionales.
“La apología del delito ya existe como figura legal a nivel federal en ciertos contextos, pero esta versión michoacana extiende su alcance a expresiones culturales y mediáticas, sin distinción entre lo informativo y lo criminal. Esto vulnera el principio de mínima intervención penal”, sostiene el análisis.
🎶 Narcocorridos, imágenes y calcomanías: ¿delito?
Otro de los puntos más cuestionados es que la iniciativa equipara contenidos culturales con actos delictivos, al señalar que piezas como los narcocorridos, imágenes, calcomanías o menciones simbólicas podrían ser sancionables. Expertos alertan que esto representa una criminalización de expresiones artísticas y populares, en lugar de atender las raíces sociales del fenómeno de la violencia.
“Castigar una canción o una imagen no va a frenar el crimen. Lo que hace falta son políticas de prevención, educación, cultura y oportunidades”, señala el documento.
⚠️ Temor por uso político y persecución selectiva
Dado su carácter ambiguo, esta figura penal podría ser utilizada con fines políticos, según alertan voces críticas. “Con esta ley, el gobierno podría perseguir a periodistas incómodos, activistas o incluso ciudadanos que publiquen algo en redes sociales que incomode al poder”, se advierte.
En este contexto, la iniciativa se ve como una respuesta punitiva a un problema social, sin acompañamiento de políticas públicas estructurales. “Se pretende combatir la cultura de la violencia con cárcel, no con justicia, ni con educación, ni con verdad”, concluyen los expertos.
📝 Llamado a revisar y proteger derechos
Diversos sectores han llamado al Congreso del Estado a revisar a fondo esta iniciativa, antes de aprobarla. “La libertad de expresión no puede estar sujeta a interpretaciones penales ambiguas. El periodismo no es un delito; informar no debe ser un riesgo”, sentenciaron colectivos de periodistas.