La Cámara de Diputados abrió discusión sobre una propuesta que busca cerrar un vacío legal presente en la celebración de contratos civiles. Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para establecer de manera expresa la obligación de entregar una copia del contrato —en formato físico o digital— a cada una de las partes desde el momento de su formalización.
Durante la exposición de motivos, la legisladora señaló que la práctica actual deja a una de las partes sin acceso al documento que acredita el acuerdo de voluntades, lo que genera incertidumbre jurídica y limita el ejercicio efectivo de los derechos derivados del contrato. “La iniciativa tiene como finalidad establecer de manera expresa la obligación de que todas las partes contratantes cuenten con una copia del contrato celebrado”, afirmó. Añadió que esta medida “refuerza la transparencia y la certeza jurídica”, previene prácticas abusivas y reduce la litigiosidad.
El planteamiento se sustenta en una omisión del Código Civil Federal, que regula la formación y validez de los contratos, pero no establece de manera explícita la obligación de entregar una copia a cada parte cuando el acuerdo consta por escrito. Ortega Pacheco advirtió que esta ausencia normativa provoca dificultades probatorias cuando una de las partes no posee el documento, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica reconocido en el sistema mexicano.
En tribuna, la diputada subrayó que el consentimiento contractual no se agota en el momento de la firma, sino que se proyecta durante toda la vigencia del vínculo jurídico. Explicó que el cumplimiento de las obligaciones pactadas exige que las partes puedan consultar de manera permanente el contenido del acuerdo, por lo que el acceso real al contrato se convierte en un elemento indispensable para la correcta ejecución de lo convenido y la prevención de conflictos.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, en un contexto legislativo donde las reformas orientadas a fortalecer la seguridad jurídica en las relaciones civiles han cobrado relevancia. El debate se centrará en determinar si la obligación propuesta debe incorporarse como un requisito formal del contrato o como una disposición general aplicable a todas las figuras contractuales reguladas por el Código Civil Federal.