La Cámara de Diputados abrió discusión sobre la actualización de los criterios con los que el Estado mide la vulnerabilidad social, luego de que la diputada Celeste Mora Eguiluz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para reformar el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. La propuesta busca que el acceso a tecnologías de la información, internet de banda ancha y servicios de telecomunicaciones sea reconocido como una carencia social básica, al mismo nivel que servicios como el agua o la electricidad.
Durante la presentación, la legisladora advirtió que la medición actual de la pobreza “se encuentra desactualizada”, al no contemplar la conectividad digital como una dimensión de exclusión. “La pobreza ya no puede entenderse únicamente como la falta de ingresos o servicios básicos tradicionales como luz y agua. En la era digital, quien no tiene acceso a la red está excluido de derechos fundamentales, de la educación y del desarrollo humano”, afirmó.
Para sustentar la urgencia de la reforma, Mora Eguiluz citó datos de la ENDUTIH 2024, que muestran una brecha significativa entre zonas urbanas y rurales: mientras el 86.9 por ciento de la población urbana es usuaria de internet, en el ámbito rural la cifra desciende a 68.5 por ciento. La diputada calificó esta diferencia como un “punto ciego” en la política social, pues impide al Estado diagnosticar con precisión las condiciones de vulnerabilidad de millones de personas que, al carecer de conectividad, ven limitadas sus capacidades educativas, laborales y de desarrollo.
La iniciativa plantea que el acceso a internet deje de ser considerado un servicio complementario y se convierta en un indicador estructural de desigualdad. De aprobarse, instituciones como el CONEVAL deberán integrar la conectividad digital como un eje fundamental en la medición oficial de la pobreza.
Mora Eguiluz cerró su intervención señalando que combatir la pobreza en el siglo XXI implica necesariamente cerrar la brecha digital. “Solo garantizando el acceso a las nuevas tecnologías podremos ser un país más próspero, justo y competitivo”, concluyó.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen, en un contexto legislativo donde la transformación de los criterios de bienestar se ha convertido en un tema central de la agenda social.