Con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del 1 de septiembre de 2025, la operación del máximo tribunal enfrenta riesgos relacionados con la concentración de funciones, la reducción de ministros y la posible discrecionalidad en la agenda de casos.
El reglamento, que sustituye al esquema anterior de Salas y Pleno, deja al tribunal con nueve integrantes que deberán resolver la totalidad de los asuntos, lo que incrementa la posibilidad de cuellos de botella en la atención de expedientes. Antes de la reforma, las Salas resolvían un volumen mayor de casos ordinarios, mientras que el Pleno se concentraba en asuntos constitucionales.
Uno de los puntos que generan preocupación es la limitación estricta de tiempos de intervención: diez minutos para el ministro ponente, siete en la primera ronda y cinco en la segunda, con respuestas breves. Este formato, si bien busca agilizar los debates, podría afectar la deliberación profunda en casos de alto impacto.
La Presidencia de la Corte adquiere amplias facultades para conducir los debates, ordenar recesos y variar el orden de las listas con mayoría simple. Esto, sumado al plazo de solo tres días de anticipación para la publicación de listas y proyectos, deja espacio a cuestionamientos sobre la selección y priorización de los casos.
Otro punto señalado es la posibilidad de retirar proyectos durante la sesión o re-listarlos en un plazo de hasta treinta días, mecanismo que podría utilizarse como herramienta dilatoria. A ello se agrega la inclusión de un criterio inusual: la rotación de ponencias vinculada a los resultados del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, aspecto que abre debate sobre la relación entre resoluciones jurisdiccionales y criterios políticos.
Lo destacable: innovaciones y nuevos compromisos
Entre las novedades del reglamento se encuentra la obligatoriedad de publicar versiones públicas de los proyectos junto con las listas, lo que fortalece la transparencia en los procesos de decisión.
Se establece también un marco para garantizar accesibilidad a pueblos indígenas, personas afromexicanas y grupos en situación de vulnerabilidad, mediante intérpretes, traducciones y formatos de lectura accesible. Asimismo, se abre la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias en territorio, en coordinación con autoridades comunitarias.
En la organización del trabajo, se definen días específicos para tratar distintas materias: lunes y martes para asuntos de constitucionalidad, miércoles para temas penales y civiles, y jueves para materias administrativa y laboral. También se incorporan categorías de asuntos urgentes y preferentes, con prioridad en casos de libertad personal, derechos de pueblos indígenas, interés superior de la niñez y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El nuevo reglamento marca un cambio profundo en la dinámica del máximo tribunal del país, con efectos que se reflejarán en la manera de deliberar, resolver y comunicar sus decisiones.