Ante más de 10 mil personas reunidas en la Plaza de la Constitución, las ministras y ministros que integran la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) participaron en una ceremonia pública en la que recibieron el bastón de mando de representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos. El acto, realizado en español y mixteco, fue encabezado por el Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien asumió el símbolo en representación del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, ausente por motivos de salud.
La ceremonia incluyó una purificación tradicional dirigida por médicas y representantes de pueblos originarios, y fue presentada como un gesto de reconocimiento a la diversidad cultural del país. El bastón de mando fue entregado como símbolo de responsabilidad institucional, con énfasis en la defensa de los derechos de sectores históricamente excluidos del sistema judicial.
Durante su intervención, Aguilar Ortiz afirmó que el bastón representa el deber de hablar por quienes no tienen voz y de proteger a quienes no pueden defenderse. Señaló que la reforma judicial permitió la presencia de representantes indígenas en la vida pública, y que el voto ciudadano del pasado 1 de junio será traducido en acciones concretas para construir un modelo de justicia orientado a la equidad y la inclusión.
El Ministro Presidente también planteó que el nuevo mandato implica sanear el Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal, y erradicar prácticas como la corrupción, el nepotismo y la deshonestidad. La declaración fue recibida como parte del compromiso institucional de la nueva integración de la SCJN, que se presenta en un contexto de transformación estructural del sistema judicial mexicano.
El evento fue interpretado como una señal de apertura hacia el diálogo intercultural y como un posicionamiento público de la Corte frente a los desafíos de legitimidad, representación y acceso a la justicia. La participación de autoridades tradicionales y la realización del acto en lenguas originarias refuerzan el enfoque de vinculación con comunidades que históricamente han enfrentado barreras estructurales en el ejercicio de sus derechos.
La nueva integración de la SCJN inicia funciones en un entorno marcado por expectativas de cambio institucional, en el que la articulación entre mandato constitucional, representación social y desempeño judicial será objeto de seguimiento público y evaluación crítica.