La propuesta de nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y detallada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), ha sido anunciada como una herramienta para reducir la brecha digital. Sin embargo, distintas voces han comenzado a advertir que el contenido de la iniciativa podría restringir libertades informativas bajo un marco de mayor control institucional sobre medios y plataformas.
Según lo explicado en conferencia matutina, la iniciativa tiene como objetivo principal conectar a 15 millones de personas sin acceso a internet. El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, precisó que de esa cifra, 10.2 millones son menores de 14 años que viven en zonas sin cobertura, y 4.4 millones habitan en regiones con cobertura pero sin recursos para contratar el servicio.
La nueva ley propone que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pueda ofrecer servicio de internet en igualdad de condiciones con proveedores privados, y se contempla una estructura jurídica que permita su expansión en áreas donde las empresas no han llegado. De acuerdo con el gobierno, esto se inspira en modelos internacionales como el brasileño.
En paralelo, el proyecto contempla cambios institucionales. Uno de ellos es la separación de funciones de competencia económica, que pasarían a una nueva Comisión Antimonopolio dependiente de la Secretaría de Economía. A decir de la presidenta, esto no implica concentración de atribuciones en la Agencia de Transformación Digital, sino una reorganización de funciones.
Derechos en debate: audiencias, medios comunitarios y censura internacional
Entre los cambios señalados por el Ejecutivo federal se encuentra la recuperación del derecho de las audiencias y el fortalecimiento de las radios comunitarias, un tema que había quedado pendiente desde reformas anteriores.
Sin embargo, también se destacó la inclusión de una cláusula en el artículo 210, la cual prohíbe propaganda política, ideológica y comercial de gobiernos extranjeros, salvo en casos de promoción cultural, turística o deportiva. Aunque se eliminó un artículo anterior (el 109) para evitar ambigüedades, la nueva redacción ha sido interpretada por diversos analistas y sectores como un instrumento que podría dar lugar a restricciones sobre contenidos informativos de carácter internacional.
Organizaciones civiles y especialistas en libertad de expresión han comenzado a referirse a esta legislación como una posible “ley mordaza”, debido a los vacíos y ambigüedades que podrían limitar la difusión de información y opiniones en medios tradicionales y digitales.
Conectividad con límites: cifras y contrastes
Durante la conferencia, Peña Merino destacó que entre 2018 y 2024 se pasó de 13 mil a 141 mil localidades conectadas, lo que implicó un crecimiento de cobertura del 40% al 92% de la población nacional. Sin embargo, los niveles de cobertura muestran disparidades: mientras que el 96% de la población en localidades de más de 2,500 habitantes tiene acceso, solo el 26% en comunidades de menos de 200 personas cuenta con conectividad.
Para cubrir esa brecha, el gobierno implementó el programa Conectividad para el Bienestar, que distribuyó 2.9 millones de tarjetas SIM con servicio mensual gratuito. Pese a esto, aún persiste la brecha de acceso digital en regiones con menor densidad poblacional.
Entre inclusión digital y vigilancia institucional
La nueva Ley de Telecomunicaciones representa, por un lado, una respuesta a la necesidad de inclusión digital, pero por otro, plantea interrogantes sobre los límites entre regulación estatal y censura. Mientras la administración sostiene que los cambios buscan democratizar el acceso a internet y proteger a las audiencias, organizaciones sociales han comenzado a advertir sobre los riesgos de control informativo bajo pretextos regulatorios.
La discusión sobre la ley continuará en las siguientes semanas en el Congreso, donde se espera que distintos sectores, tanto técnicos como ciudadanos, expongan sus preocupaciones en torno a las implicaciones sociales, políticas y legales de esta iniciativa.