Michoacán enfrenta un escenario complejo en materia económica y social, marcado por la inseguridad, la alta informalidad laboral y una fuerte dependencia de las remesas enviadas desde Estados Unidos. De enero a septiembre, la entidad captó 3,969 millones de dólares, cifra que la coloca en segundo lugar nacional, solo detrás de Guanajuato, de acuerdo con datos del Banco de México.
El estado, con relevancia en el sector primario, atraviesa un clima de violencia que impacta directamente en su actividad económica. Tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el gobierno federal puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Sin embargo, especialistas advierten que los resultados no se reflejarán en el corto plazo y que se requiere un cambio estructural de largo alcance.
En el segundo trimestre del año, Michoacán registró un crecimiento económico de 3.7% anual, ubicándose como la cuarta entidad con mejor desempeño. No obstante, en generación de empleo formal los avances son insuficientes: hasta octubre se crearon 7,560 puestos, frente a una meta de 38,750, según cifras de México, ¿Cómo Vamos?. La informalidad laboral alcanza al 69.5% de la población ocupada, lo que coloca al estado en la octava posición nacional en este indicador.
La migración hacia Estados Unidos se mantiene como una salida frente a la inseguridad y la falta de oportunidades, consolidando la dependencia de las remesas. Aunque históricamente Michoacán figura entre las entidades con mayor captación, en 2025 se observa una moderación respecto al año anterior, cuando se recibieron 4,163 millones de dólares en el mismo periodo.
El fenómeno de la extorsión persiste en sectores clave como el aguacate y el limón. Entre 2010 y 2025 se registraron 95,850 denuncias en la entidad, según el Inegi. El especialista en seguridad David Saucedo señaló en entrevista con EL CEO que el gobierno federal no ha mostrado interés en combatir este delito, en parte porque no representa un costo electoral. Destacó, sin embargo, que el Plan Michoacán incluyó cambios relevantes, como el nombramiento de José Antonio Cruz Medina como secretario de Seguridad Pública y la destitución de fiscales regionales en Uruapan, medidas que calificó como una operación de fondo más allá de ajustes superficiales.
El panorama descrito por Farell Ávila refleja que, pese al crecimiento económico registrado en algunos indicadores, la inseguridad y la informalidad continúan limitando el desarrollo de Michoacán, mientras las remesas se consolidan como un sostén esencial para la población.