En sesión de Pleno celebrada el 9 de octubre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer diversos asuntos que inciden directamente en el ejercicio de derechos fundamentales, la legalidad tributaria y la operación del sistema judicial. Las decisiones adoptadas delinean una postura institucional orientada a privilegiar el interés social y la certeza jurídica.
En materia de derechos humanos, la Corte asumió competencia sobre tres casos vinculados al acceso a servicios de salud, la regulación del comercio exterior y la protección de personas desplazadas por violencia. El primer asunto se refiere a las obligaciones de autoridades locales del sector salud en Yucatán y Chihuahua para garantizar el acceso al aborto electivo. El análisis se centrará en la implementación, difusión y organización de estos servicios, con implicaciones directas en los derechos reproductivos de mujeres y personas gestantes.
El segundo caso aborda la interpretación normativa aplicable cuando una empresa importa mercancía de forma temporal y posteriormente decide conservarla de manera definitiva. La resolución busca establecer criterios claros para operadores comerciales en zonas fronterizas y aduaneras.
El tercer asunto examina si el Instituto Federal de la Defensoría Pública puede promover un amparo para exigir a autoridades de Chiapas la emisión de reglas específicas para atender a personas desplazadas internamente por violencia. La Corte analizará el alcance de la protección legal y el deber institucional frente a este fenómeno.
En el ámbito fiscal, la SCJN resolvió el Amparo Directo en Revisión 1442/2025, avalando la facultad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para modificar el régimen tributario de los contribuyentes conforme a sus ingresos reales. El Pleno validó la Regla 3.13.33 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, que permite excluir del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) a quienes superen el límite de ingresos, aplicando el cambio desde el inicio del ejercicio fiscal. La decisión busca garantizar la equidad tributaria y evitar incertidumbre en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Respecto a la indemnización por bienes embargados y vendidos por el Estado, la Corte resolvió que el monto compensatorio debe calcularse conforme al precio obtenido en la subasta, y no al valor comercial estimado por la parte afectada. El criterio fue establecido en el Amparo Directo en Revisión 2540/2025, con base en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.
Finalmente, en relación con la nueva carrera judicial, el Pleno determinó que no procede otorgar suspensiones provisionales en amparos contra las normas que regulan los procesos de selección, formación, promoción y evaluación de cargos judiciales. La resolución se alinea con la reforma constitucional en materia de justicia, y busca consolidar un servicio público judicial bajo estándares de equidad, transparencia y beneficio colectivo.
Las decisiones adoptadas por la SCJN reflejan una orientación institucional hacia la protección de derechos, la legalidad administrativa y la consolidación de mecanismos judiciales que respondan a las demandas sociales contemporáneas.