Una investigación especial de EL CEO, realizada por los periodistas Dan Ibáñez y Sergio Rincón, documenta la adjudicación directa de un contrato por hasta 551 millones de pesos por parte de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) a la empresa Umami Ingeniería Especializada, S.A. de C.V., propiedad de un exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México. El contrato, destinado al mantenimiento de equipos de rayos X no invasivos, presenta irregularidades en su asignación, documentación y cumplimiento de requisitos legales.
El contrato fue firmado el 31 de julio de 2025 bajo la dirección de Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM. La empresa beneficiada fue constituida en mayo de 2024 con un capital inicial de 50,000 pesos, y al momento de la adjudicación no cumplía con el requisito de dos años de experiencia exigido por el artículo 16 de la Ley Aduanera. Aunque posteriormente aumentó su capital social a 4 millones de pesos, la falta de trayectoria técnica fue omitida en el proceso de contratación.
La investigación de EL CEO revela que los funcionarios responsables de la adjudicación tienen vínculos previos con José Peña Merino, actual titular de la Agencia de Transformación Digital del Gobierno de México (ATDT). Entre ellos se encuentran Carlos Meléndez Sagahón y Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, ambos con antecedentes en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum. Alcántara Villanueva firmó el contrato como director general de Procesamiento Electrónico de Datos Aduaneros de la ANAM.
El fundador de Umami, Jesús Daniel Pérez González, también formó parte del C5 en el área de Tecnologías de la Información, donde colaboró directamente con Peña Merino. La investigación señala que el marco legal vigente faculta a Merino para dar conformidad a nombramientos en áreas tecnológicas, lo que habría facilitado la incorporación de excolaboradores a cargos estratégicos en la ANAM.
La justificación para la adjudicación directa se basó en una carta de exclusividad emitida por Nuctech, fabricante de los equipos de rayos X, en la que se designa a Umami como distribuidor autorizado. Sin embargo, EL CEO identificó inconsistencias en las fechas de emisión y recepción de dicha carta, además de que no fue apostillada al momento de la contratación. La empresa alegó que el trámite estaba en curso y que la documentación se presentó “a protesta de decir verdad”.
Pese a que la exclusividad fue el argumento central para evitar una licitación pública, la investigación encontró al menos otro distribuidor de Nuctech en México, lo que cuestiona la validez del procedimiento. Además, Umami no contaba con personal certificado por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), requisito indispensable para operar los equipos contratados.
El proceso fue avalado por otros exfuncionarios del gobierno capitalino, como Juan Carlos de la Torre Morales y Concepción Flores Monter, quienes ahora ocupan cargos en el Comité de Adquisiciones y en la Dirección de Recursos Materiales de la ANAM, respectivamente.
La investigación de EL CEO expone un patrón de contratación entre excolaboradores del C5 y la ADIP, ahora reubicados en dependencias federales, que favorecieron a una empresa sin experiencia suficiente mediante un procedimiento que elude controles básicos de transparencia y competencia. El caso plantea interrogantes sobre el uso de recursos públicos, la concentración de decisiones en redes de funcionarios afines y la efectividad de los mecanismos de fiscalización en compras tecnológicas del gobierno federal.