Una investigación de EL CEO, realizada por los periodistas Dan Ibáñez y Sergio Rincón, documenta cómo el Grupo IAMSA —propietario de ETN Turistar y Viva Aerobus— obtuvo contratos por más de 4,000 millones de pesos con el Instituto Nacional de Migración (INM) para el traslado de migrantes, mediante prácticas que simulan competencia entre sus propias empresas.
Entre 2021 y 2025, el conglomerado encabezado por Roberto Alcántara Rojas se consolidó como el principal proveedor de servicios de transporte terrestre y aéreo para la repatriación de personas migrantes, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en México y Estados Unidos. Las contrataciones ocurrieron durante la gestión de Francisco Garduño al frente del INM, quien fue obligado por orden judicial a ofrecer disculpas públicas tras el fallecimiento de 40 migrantes en una estación de Ciudad Juárez en 2023.
La investigación revela que en licitaciones públicas, empresas del mismo grupo presentaron ofertas elevadas para favorecer a ETN Turistar Lujo como la opción más viable. En una licitación del 25 de marzo de 2025, ETN fue declarada ganadora de un contrato por hasta 551.5 millones de pesos, compitiendo contra Costa Line —también parte de IAMSA— y un consorcio externo que fue descalificado por no cumplir requisitos técnicos. Las actas societarias consultadas confirman que Alcántara Rojas presidía ambas compañías al momento de la adjudicación.
En otro proceso de 2024, ETN recibió un contrato por más de 496 millones de pesos, en una licitación donde participaron exclusivamente empresas del grupo. Las propuestas de Costa Line y Autovías La Línea fueron desechadas, lo que dejó a ETN como único beneficiario.
Por vía aérea, Viva Aerobus recibió adjudicaciones directas desde 2022, bajo argumentos como “causas de fuerza fortuita” o licitaciones declaradas desiertas. En 2025, la aerolínea obtuvo un contrato por hasta 321.1 millones de pesos, comprometiéndose a realizar vuelos con capacidad para 90 pasajeros a cualquier parte del país.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha señalado previamente al Grupo IAMSA por prácticas monopólicas. Auditorías también han documentado incumplimientos en contratos, como el uso de autobuses no autorizados o en condiciones inadecuadas.
El modelo de contratación coincide con el aumento de detenciones migratorias. Entre enero y mayo de 2025, el INM reportó 1.3 millones de personas migrantes en condición irregular, frente a las 147,033 registradas en el mismo periodo de 2021. A pesar de la salida de Garduño del INM en abril de 2025, las adjudicaciones a Grupo IAMSA continúan.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado un “Modelo Humanitario de Movilidad Humana”, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha intensificado las políticas de expulsión. En este escenario, el negocio de la repatriación se mantiene activo y concentrado en manos de un solo grupo empresarial.