La propuesta del Ejecutivo estatal para incorporar el delito de apología del delito en el Código Penal de Michoacán ha encendido alarmas entre periodistas, defensores de derechos humanos y sectores académicos. Bajo la apariencia de combatir la normalización del crimen organizado, la iniciativa podría convertirse en un instrumento de censura y represión que afecte gravemente la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
El nuevo artículo 163 quinquies establece penas de cárcel y multas para quien “haga apología de delitos o de algún vicio”. Sin embargo, la redacción ambigua y los conceptos jurídicamente imprecisos que contiene—como “hacer alusión” o “promoción de grupos delictivos”—dejan la norma abierta a interpretaciones arbitrarias.
“Esta redacción tan vaga permite que cualquier mención informativa, incluso con fines periodísticos, académicos o culturales, pueda ser malinterpretada como exaltación del delito”, advierte [nombre de especialista u organización, si deseas agregarlo].
Periodismo en la mira
Para medios de comunicación y periodistas, la iniciativa representa una amenaza directa. El riesgo de que reportajes, crónicas o coberturas sobre violencia y crimen organizado sean consideradas como delito, podría generar un efecto inhibidor devastador.
“La autocensura sería el camino lógico ante un panorama en el que cualquier palabra pueda ser criminalizada. Nos empuja al silencio justo cuando más necesitamos hablar sobre lo que pasa en Michoacán”, señaló [periodista o representante de medio].
Además, la iniciativa ignora los estándares internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana ha sostenido que las limitaciones a la libertad de expresión deben ser claras, necesarias y proporcionales, y deben operar bajo la lógica de una “responsabilidad ulterior”, no como un mecanismo preventivo de control del discurso.
Cultura y criminalización
Otro aspecto preocupante es la equiparación que hace la propuesta entre expresiones culturales—como narcocorridos o símbolos populares—y delitos. Desde una perspectiva punitiva y moralizante, la iniciativa criminaliza manifestaciones artísticas que, lejos de ser una apología, pueden funcionar como reflejo crítico o testimonio social.
“Lo que no se combate con educación y cultura, se pretende prohibir por decreto”, lamenta [nombre, si deseas añadir fuente cultural o académica].
¿Herramienta política?
Con una norma tan abierta a interpretaciones, se teme también un uso discrecional y político. La legislación podría emplearse para hostigar a críticos del gobierno, activistas, usuarios de redes sociales o incluso manifestaciones simbólicas durante protestas.
La propuesta, que en su exposición de motivos admite que el derecho penal debe ser un recurso de último grado, contradice esta premisa al priorizar el castigo antes que la prevención o la educación. No plantea políticas públicas que aborden las causas estructurales de la violencia ni el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Un retroceso con consecuencias
En conclusión, la iniciativa representa un retroceso en materia de libertades y derechos fundamentales. Si bien el fenómeno del crimen organizado es real y preocupante, su combate no puede darse a costa de principios democráticos ni del silenciamiento de voces críticas.
Lo que está en juego no es solo el derecho a informar o a ser informado, sino la capacidad de la sociedad para debatir libremente los problemas que la afectan.
¿Combatir la violencia criminalizando la palabra? La propuesta del Ejecutivo de Michoacán exige un debate serio y una revisión profunda.