La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió siete controversias constitucionales que reafirman la competencia exclusiva de la Federación en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y transporte ferroviario, invalidando disposiciones locales que pretendían imponer cobros, permisos y verificaciones en estos sectores estratégicos.
Los asuntos, promovidos por autoridades municipales de Guerrero, Coahuila, Nayarit y San Luis Potosí, involucraban intentos de establecer multas administrativas, tarifas por registro ambiental, licencias de operación y construcción, así como regulaciones sobre actividades vinculadas al gas LP, pozos petroleros, plantas de generación eléctrica y vías férreas.
En sesión de Pleno, la Corte determinó que dichas facultades corresponden exclusivamente al ámbito federal, conforme al marco constitucional vigente. Por tanto, los municipios y estados carecen de atribuciones para regular, supervisar o cobrar por actividades relacionadas con la explotación, almacenamiento, distribución y comercialización de combustibles y energía.
La resolución invalida normativas locales que afectaban directamente a empresas y personas físicas dedicadas a estos rubros, eliminando riesgos de duplicidad normativa, pagos indebidos y fragmentación de competencias. El fallo busca garantizar seguridad jurídica, reglas uniformes y condiciones equitativas en todo el territorio nacional.
Con esta decisión, el Máximo Tribunal ratifica la rectoría del Estado mexicano sobre sectores considerados motores del desarrollo económico, como los hidrocarburos, la infraestructura energética y el transporte estratégico. La sentencia establece que cualquier regulación en estos ámbitos debe emanar del Congreso de la Unión y ser aplicada por autoridades federales.
Las controversias constitucionales resueltas corresponden a los expedientes 48, 52, 56, 67, 102, 108 y 116 del año 2025, y fueron discutidas y votadas en sesión ordinaria del Pleno el 27 de octubre. La SCJN reiteró que su función es garantizar la supremacía constitucional y evitar que normas locales vulneren el diseño institucional previsto para sectores clave de la economía nacional.