La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió atraer una serie de asuntos que involucran derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas, en los que se pondrá a prueba el alcance constitucional de la consulta previa, la protección ambiental, la jurisdicción indígena y el patrimonio cultural colectivo. Las solicitudes de atracción y reasunción de competencia fueron resueltas en sesión de Pleno el 16 de octubre de 2025, bajo los expedientes 608/2025, 609/2025, 610/2025, 615/2025, 64/2025 y 71/2025.
Entre los primeros casos a revisar, el Pleno analizará la legalidad de la construcción de un complejo habitacional en Oaxaca y la autorización de centros de crianza de cerdos en Yucatán, en los que se cuestiona la omisión de consulta previa a las comunidades afectadas y la falta de evaluación de impactos ecológicos. Estos expedientes permitirán a la Corte pronunciarse sobre el estándar de participación que debe garantizarse en proyectos que inciden directamente en el territorio y la vida comunitaria.
En otro asunto, el Máximo Tribunal examinará si es necesario que una persona acredite un daño concreto para reclamar la falta de medidas de protección ambiental. Este análisis podría redefinir el estándar probatorio para reconocer el interés jurídico de quienes se auto adscriben como integrantes de comunidades indígenas en litigios ambientales.
La Corte también abordará la posibilidad de que una persona indígena, actuando de manera individual, promueva un juicio dentro de la jurisdicción indígena en defensa de derechos colectivos. El debate permitirá precisar si dicha facultad corresponde exclusivamente a los órganos representativos de la comunidad o si puede ejercerse de forma individual, lo que implicaría un ajuste en la interpretación del derecho a la jurisdicción indígena.
Otro tema relevante será la revisión de las reglas que deben seguir los jueces para suspender medidas provisionales impuestas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) en procedimientos administrativos relacionados con la protección del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva. La Corte deberá definir criterios que garanticen seguridad jurídica y protección efectiva frente a actos administrativos que puedan afectar intereses comunitarios.
Finalmente, el Pleno analizará una posible omisión legislativa en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, al no prever procedimientos de diálogo y conciliación adaptados a las particularidades culturales de los pueblos indígenas. Este asunto abre la puerta a una eventual sentencia que obligue al Congreso de la Unión a legislar en favor de mecanismos que respeten la diversidad jurídica y social de las comunidades originarias.
La revisión de estos casos por parte de la SCJN representa una oportunidad para consolidar un marco jurídico que garantice la protección integral de los derechos humanos de los pueblos indígenas, el respeto a su autonomía y su participación efectiva en decisiones que impactan su entorno, cultura y forma de vida.