La nueva Ley Aduanera fue aprobada en la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su revisión. Aunque el objetivo declarado del Gobierno Federal es combatir la evasión y elusión fiscal, especialistas consultados por EL CEO advierten que las modificaciones propuestas podrían generar efectos adversos en la operación comercial y abrir espacios para prácticas de corrupción.
De acuerdo con el reportaje elaborado por el periodista Miguel Moscosa para EL CEO, una de las principales preocupaciones radica en el endurecimiento del régimen sancionatorio, particularmente en lo que respecta a la importación y exportación de mercancías de difícil clasificación. La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla requisitos de control y vigilancia digital para la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos, lo que implicaría una reconfiguración operativa para agentes aduanales y contribuyentes.
Gloria Estrada Antón, presidenta de la Comisión Técnica de Comercio Exterior del Colegio de Contadores Públicos de México (IMCP), explicó que los agentes aduanales enfrentarán nuevas obligaciones como realizar muestreos y verificar la composición de mercancías, sin contar con los recursos técnicos necesarios para ello. “No es un perito químico, no tiene laboratorio”, señaló, al advertir que esto podría retrasar los despachos y elevar los costos operativos.
Luis Moreno Durazo, exadministrador general de aduanas, también expresó a EL CEO que la reforma es restrictiva tanto para agentes como para importadores. En su análisis, cuestionó la capacidad de los agentes para verificar el valor declarado de las mercancías, función que corresponde a la autoridad fiscal. Además, calificó como desproporcionadas las nuevas multas, que pasarían de un rango de 70 a 130 por ciento a uno de 250 a 300 por ciento sobre el valor comercial de mercancías prohibidas. “Va a generar corrupción”, advirtió.
El impacto económico de la reforma también fue abordado en el reportaje. Estrada Antón señaló que los agentes aduanales deberán condicionar sus servicios a contribuyentes que acrediten estar al corriente de sus obligaciones fiscales, contar con infraestructura y no estar vinculados a operaciones inexistentes. Esto, afirmó, implicará un aumento en sus honorarios para cumplir con las nuevas exigencias.
En el contexto legislativo, la minuta fue enviada al Senado el jueves 9 de octubre. Legisladores de oposición han cuestionado que la reforma no contempla medidas específicas para combatir el huachicol fiscal. Moreno Durazo indicó que la corrupción institucional puede ser contenida mediante sanciones y vigilancia efectiva, pero que la iniciativa no establece mecanismos de control ni capacitación adicional para las autoridades.
Estrada Antón coincidió en que la reforma no incluye consecuencias directas para los importadores ni refuerza el control institucional. En suma, el análisis de EL CEO plantea que, si bien la reforma busca fortalecer la recaudación y el orden fiscal, sus efectos podrían traducirse en mayores costos, incertidumbre operativa y riesgos de corrupción si no se acompaña de medidas técnicas y administrativas adecuadas.