Durante un pronunciamiento público, Andrea Rovira del Río, vicepresidenta del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), expresó preocupación por los alcances de la reforma a la Ley de Amparo impulsada desde el Poder Ejecutivo, al advertir que algunas disposiciones propuestas podrían limitar el derecho de defensa en casos penales y debilitar la función histórica del juicio de amparo como mecanismo de protección ciudadana frente al Estado.
Rovira, quien también se presentó en calidad de abogada penalista con 25 años de experiencia, señaló que el juicio de amparo es la primera herramienta que los ciudadanos consultan cuando perciben una vulneración a sus derechos. Por ello, subrayó que cualquier modificación legislativa en esta materia debe realizarse con precisión técnica y no bajo criterios generalizados. “El juicio de amparo incomoda al poder, pero es indispensable para el equilibrio constitucional”, afirmó.
Entre los aspectos positivos de la reforma, destacó la inclusión de plazos para la emisión de sentencias, como el límite de 60 días posteriores a la audiencia constitucional, lo que —dijo— otorga certeza jurídica al ciudadano. Sin embargo, advirtió que estas mejoras vienen acompañadas de restricciones que podrían afectar gravemente el acceso a la justicia.
Rovira identificó dos puntos críticos. El primero, la incorporación de una nueva fracción al artículo 129 que, según explicó, invalida las suspensiones contra las listas de personas bloqueadas por el sistema financiero, lo que impide revisar judicialmente su inclusión. El segundo, la modificación al artículo 166 que acota los efectos de la suspensión en casos de órdenes de aprehensión, reaprehensión y medidas cautelares privativas de libertad.
“La suspensión no significa impunidad”, aclaró. “Significa que la privación de la libertad debe superar un test mínimo de finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad”. En su análisis, prohibir de manera anticipada la posibilidad de conceder suspensiones amplias equivale a condenar a personas inocentes a permanecer en prisión preventiva sin una evaluación judicial completa.
La abogada sostuvo que estas reformas sustituyen la ponderación judicial por prohibiciones absolutas, lo que —a su juicio— erosiona el equilibrio entre poderes y desnaturaliza el juicio de amparo como escudo efectivo para la ciudadanía. “No saber perder no puede convertirse en política pública”, expresó, al referirse a la intención de blindar prácticas que han sido cuestionadas por la jurisprudencia.
Rovira concluyó con una advertencia sobre la relevancia práctica del juicio de amparo: “Nadie entiende su importancia hasta que lo necesita. Ese día, el ciudadano espera un escudo que funcione, no una caja de cartón”.
El posicionamiento del INCAM se suma a una serie de voces que han solicitado revisar con mayor profundidad los alcances de la reforma, en un contexto donde el debate sobre el equilibrio entre seguridad pública y garantías individuales continúa abierto en el Congreso.