Cada año, cerca de 40 mil vehículos ingresan ilegalmente a México por las aduanas de Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas. Lo hacen con placas clonadas y permisos temporales reutilizados, en una operación sistemática que ha sido documentada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en una investigación realizada por la periodista Valeria Durán. El fenómeno, lejos de ser contenido, ha sido legalizado mediante decretos presidenciales que han beneficiado a redes de contrabandistas vinculadas al crimen organizado.
El caso que detonó la investigación ocurrió el 30 de abril de 2021. A las 11:21 de la mañana, un Ford Fussion blanco cruzó la frontera por Matamoros con una placa texana visible. Dos minutos después, un BMW 535i ingresó por Reynosa con la misma matrícula. El sistema de monitoreo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó la duplicación, y lo que parecía una irregularidad aislada reveló una red mucho más amplia. Días antes, un Volkswagen GTI había cruzado con las placas originales, y posteriormente lo hicieron una Chevrolet Equinox, un Jetta blanco y otro negro, todos con la misma placa HDY9677.
La investigación reveló que en ocho meses se utilizaron 3,896 placas distintas para introducir 27,239 vehículos ilegales. Además, se detectó el uso reiterado de permisos temporales de cartón. Uno de ellos, el 91635R5, fue utilizado en 728 cruces distintos. Otros, como el 70601N3 y el 96447X5, registraron 219 y 253 cruces respectivamente. Estos documentos permitieron la entrada de vehículos sin placas, facilitando su circulación en territorio nacional.
Mientras las autoridades aduanales documentaban estos patrones, el 18 de octubre de 2021 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que abrió la puerta a la regularización masiva de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”. La medida fue prorrogada en varias ocasiones, extendiendo su vigencia hasta septiembre de 2026. Cuatro días antes de dejar la presidencia, López Obrador firmó una última ampliación.
Según Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), entre octubre de 2021 y mediados de 2023 se regularizaron 1.6 millones de vehículos. Para finales de 2024, la cifra ascendió a 2.2 millones. Rosales estima que esta legalización ha generado ganancias superiores a los 2,200 millones de dólares para redes de contrabandistas, quienes obtienen aproximadamente mil dólares por cada unidad regularizada.
Rosales ha señalado que esta política ha provocado una caída del 30% en la venta de vehículos usados en el norte del país y ha afectado directamente a los 175,000 empleos que dependen de los más de 3,000 distribuidores establecidos en México. En entrevista con MCCI, el dirigente expresó que “la entrada masiva de vehículos usados sólo beneficia a las mafias que lucran con su introducción y comercialización”, y calificó las ampliaciones del decreto como “un golpe terrible para la legalidad y la economía formal”.
El monitoreo realizado por la ANAM en los cruces fronterizos de Tamaulipas reveló fallas en el sistema de inspección. De los más de 27,000 vehículos que ingresaron con placas clonadas, solo 787 activaron el semáforo rojo, y apenas dos fueron embargados formalmente. Los videos revisados por la agencia mostraron que muchas alertas no fueron atendidas conforme al protocolo. En uno de los casos, se detectó la posible complicidad de un funcionario aduanal que facilitó el paso de vehículos. Cuando otro encargado tomó su lugar, el vehículo fue embargado.
La ANAM compartió información con agencias estadounidenses, lo que derivó en el arresto de falsificadores en Laredo, Texas, y en la identificación de cómplices en Brownsville. Sin embargo, en México, el fenómeno continúa. “Todos los días siguen entrando vehículos de contrabando”, advirtió Rosales, “es un negocio muy fuerte que está siendo controlado por el crimen organizado, libremente circulando estos vehículos a través de los puentes fronterizos y con ello fortaleciendo una red de corrupción y de enriquecimiento adicional al crimen organizado”.
La investigación de MCCI, encabezada por Valeria Durán, expone cómo una red de contrabando de vehículos ha sido fortalecida por decisiones políticas que, lejos de combatir el fenómeno, lo han institucionalizado. La legalización de autos ingresados ilegalmente ha generado un sistema paralelo que beneficia al crimen organizado, debilita la economía formal y pone en entredicho la integridad de las instituciones encargadas de la vigilancia fronteriza. La falta de sanciones claras y la continuidad del decreto de regularización plantean un desafío urgente para la legalidad y la transparencia institucional en México.