Una investigación publicada por el medio especializado EL CEO, firmada por el periodista Miguel Moscosa, documenta los efectos que la reforma a la Ley de Amparo podría tener sobre el entorno jurídico y económico en México, especialmente para empresas que enfrentan litigios con el Gobierno federal.
El reportaje señala que la aplicación retroactiva de la norma, aprobada en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, modifica las condiciones legales para compañías que ya operan en el país. El abogado fiscalista Juvenal Lobato Díaz advirtió que esta reforma permite a las autoridades alegar “imposibilidad material” para cumplir sentencias, lo que debilita la protección judicial. Como ejemplo, mencionó que una empresa con suspensión vigente podría perderla si la autoridad declara no tener recursos para cumplir con la resolución.
El caso de Iberdrola México, actualmente en litigio, ilustra el impacto potencial: una suspensión previamente concedida podría quedar sin efecto bajo el nuevo marco legal, lo que incrementa la incertidumbre jurídica para el sector privado.
Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, explicó que la Ley de Amparo ha sido una herramienta que permitía a las empresas continuar sus operaciones mientras se resolvían disputas administrativas. La eliminación de este mecanismo, señaló, altera la relación entre el sector productivo y el Estado, especialmente en materia fiscal y regulatoria.
Otro punto crítico identificado en la investigación es el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) durante litigios. Lobato Díaz indicó que esta medida impide el acceso a recursos financieros, lo que limita la capacidad de defensa de las empresas afectadas.
Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se emitió un posicionamiento en el que se advierte que la reforma representa un retroceso en materia de justicia constitucional. La organización empresarial subrayó que el amparo ha sido una vía de defensa para negocios familiares, micro y pequeñas empresas frente a actos de autoridad, y que su debilitamiento pone en riesgo la certeza jurídica, la inversión y el empleo.
La Coparmex llamó a los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados a revisar el contenido de la reforma, abrir el diálogo con la sociedad civil, la academia y el sector productivo, y corregir disposiciones que, a su juicio, limitan derechos fundamentales.
La nota completa, publicada por EL CEO, forma parte del seguimiento periodístico a los efectos legales y económicos de la reforma, en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo federal y el sector empresarial.