La comunidad académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió un comunicado en el que condena la conducta de la rectora Yarabí Ávila González, a quien señalan por intentar desacreditar públicamente al director de dicha facultad, el doctor Sergio Carmelo Domínguez Mota, durante una reunión privada sostenida días atrás con docentes y autoridades universitarias.
En el documento, los integrantes de la comunidad universitaria expresan preocupación por lo que califican como una intervención improcedente de la rectoría, que podría derivar en una sanción injustificada contra el director, quien fue electo conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica vigente. El nombramiento de Domínguez Mota, señalan, fue resultado de un proceso de auscultación interna y contó con el respaldo mayoritario de los tres sectores de la facultad, así como del Máximo Órgano de Gobierno de la Casa de Hidalgo.
La comunidad académica advierte que cualquier intento de remoción anticipada del director sin fundamento jurídico representa una alteración del orden institucional y podría generar inestabilidad en una facultad que agrupa a más de cinco mil personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo. En ese sentido, responsabilizan directamente a la rectora Ávila González por las consecuencias que pudieran derivarse de sus decisiones.
El comunicado también destaca la trayectoria de la Facultad de Derecho como formadora de juristas, magistrados, jueces y servidores públicos en los tres niveles de gobierno, así como de exrectores y figuras políticas relevantes, entre ellos el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La comunidad considera que el prestigio histórico de la facultad debe ser preservado mediante el respeto a sus procesos internos y a la legalidad universitaria.
Los firmantes hacen un llamado al Consejo Universitario, a los directores de otras facultades y a la comunidad nicolaita en general para que se garantice el respeto irrestricto a la Ley Orgánica y se eviten prácticas que vulneren la autonomía de las unidades académicas. Solicitan que se mantenga un trato institucional adecuado hacia todos los integrantes de la universidad y que se preserve la estabilidad académica y administrativa.
La postura pública de la Facultad de Derecho se suma a un contexto de creciente tensión entre autoridades centrales y comunidades académicas, en el que se discute el alcance de las atribuciones rectorales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza interna en las instituciones de educación superior.